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DESASTRES DEL PATRIMONIO BAJO NORMAS DESECHADAS PDF Imprimir E-mail
ABC SEVILLA / 7/5/2013 AURORA FLORES Plazas, parques y jardines, inmuebles históricos y cientos de casas que, aun no teniendo el sello de la catalogación de Bien de Interés Cultural, poseen un enorme valor, son los titulares damnificados y con poca vuelta atrás de esa serie de artículos del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, aprobado en 2006 y en vigor, que ahora ha declarado ilegales el Tribunal Supremo en una sentencia que vio la luz la semana pasada. Al amor de esos artículos se construyeron las Setas de la Encarnación, se procedió a incrementar la altura y edificabilidad de inmuebles como la sede del PSOE de Luis Montoto, de edificios como el de Novaindes en La Florida o la Biblioteca del Prado, cuya ilegalidad quedó, además, ratificada en la citada sentencia. Vista de la Alameda de Hércules, ejemplo, para Adepa, de «destrucción del paisaje urbano» Las repercusiones de esta sentencia, que da la razón a la Asociación para la Defensa del Patrimonio (Adepa), y confirma otra del Tribunal Superior de Justicia de 2009, son enormes en una ciudad que ha castigado proverbialmente sin piedad su patrimonio. Esos artículos, ilegales porque permitieron cambios de alineaciones, aumentos de altura, incrementos de edificabilidad y remodelaciones de edificios, paisaje urbano y espacios públicos sin que antes se hubieran aprobado planes especiales de protección en los sectores Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación, Magdalena y La Calzada-Fábrica de Artillería, han dejado más herido aún el paisaje de Sevilla en un catálogo que la propia Adepa está reconstruyendo, al menos para dar una nueva voz de alarma ante los desaguisados urbanísticos permitidos al amparo de normativas y de dilaciones de la Justicia. En un recorrido por lo que estos artículos del PGOU han permitido, el presidente de Adepa, Joaquín Egea, destaca espacios en los que «se ha querido romper con las formas tradicionales», como las plazas del Pan y de la Alfalfa, «dos ejemplos que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, se comprometió a modificar y en los que aún no se ha hecho nada». «Otro ejemplo de destrucción del paisaje urbano, mucho más grave y costosísimo es la Alameda de Hércules», apunta Egea, «una de las más importantes plazas públicas de España por sus dimensiones, destrozada cuando el TS recuerda que el paisaje urbano es obligatorio conservarlo». En el capítulo de jardines, también con obligatoriedad de conservación, se encuentran los de San Telmo, junto al Lope de Vega, «donde hay caracolas de la Facultad de Derecho que, tras años, ni se quitan ni parece que vayan a desaparecer, y todavía no sabemos si quedará afectado por el proyecto del aparcamiento». Añade los Jardines del Cristina, con fuentes y pérgolas, «que no se han utilizado salvo para celebraciones y anuncios, también hechas con dinero público». Otra cuestión que plantea el TS se refiere a calles modificadas y destruidas «con el permiso de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura cuando las alineaciones son intocables». En este capítulo entra el barrio de los Humeros, la calle Barca, la calle Almería, ésta hecha nueva sobre «la destrucción de una casa que fue premiada como ejemplo de conservación del ambiente urbano, caída en lo que es otra muestra de la modernidad del Gobierno de turno y de Cultura; o los restos del convento de San Felipe, la calle Torre y otras muchas». Egea, en su todavía somero repaso no olvida la altura, «que facilita la especulación», como construcciones a las espaldas del Teatro Maestranza; o una interesantísima casa de la calle O´Donnell, del XVII-XVIII a la que se le ha añadido una planta, al igual que a un edificio de Talavera en la calle Goles. Edificios BIC, como el Corral de la Encarnación o las Casas de los Artistas, el antiguo convento de San Laureano o la casa de Los Leones de la calle Zaragoza también han sido modificados gracias a esos artículos ilegales, al igual que cientos de muestras del caserío sin catalogación. Si no pueden volver a su estado, «que se sancione al menos». Es la sentencia de Joaquín Egea.
 
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