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Jun

2013

COSERVACIONISTAS INVOCAN A LA LEY PARA TUMBAR LAS "SETAS" PDF Imprimir E-mail

ABC SEVILLA / 5/6/2013

STELLA BENOT

El futuro de las Setas de la Encarnación debería estar en el aire después de la sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 15 de marzo, y que anula varios artículos del PGOU vigente. Así lo entienden las asociaciones conservacionistas Adepa e Icomos, además de la plataforma Túmbala, que ayer participaron en un debate junto al delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez y el jefe de servicio de Protección de Patrimonio de la Junta, Manuel Becerra, entre otros.

 

Su objetivo fue reabrir el estéril debate sobre si las Setas deben o no destruirse, exigiendo al delegado de Urbanismo que se pronunciase al respecto. Y el delegado de Urbanismo fue muy contundente al respecto asegurando que su Gobierno ni ha apoyado ni ha aprobado la construcción de las Setas de la Encarnación pero que, legalmente, está obligado a mantenerlas puesto que no hay ninguna ilegalidad al respecto. Vílchez dijo claramente que el futuro de este espacio no depende del alcalde ni del Gobierno municipal sino de lo que digan los jueces. «Si hay una sentencia de los tribunales que nos dice que hay que tirarlas, se tiran y punto igual que ocurrió con la biblioteca del Prado de San Sebastián».

En el mismo sentido se pronunció sobre la Torre Pelli, otra obra que generó amplio debateentre las asociaciones conservacionistas, asegurando que su papel como delegado de Urbanismo del Ayuntamiento será defender la legalidad en todos los casos, «al margen de las opiniones que podamos tener en el Gobierno del PP en unos proyectos que, insisto, no son nuestros».

En la jornada sobre el futuro del conjunto histórico de Sevilla también se debatió mucho sobre la protección futura del patrimonio de la ciudad, un aspecto sobre el que el representante de la Junta de Andalucía se refirió a la necesidad de crear un plan de gestión específico para proteger la zona de los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad.

Un plan de gestión que también defendió el representante del organismo internacional Icomos, Jorge Benavides, quien fue crítico con la gestión del urbanismo y pidió más control, «en las calles llenas de mesas y sillas, así como a la construcción sin control en el casco histórico».

Por su parte, la abogada de Adepa, Silvia Muñoz, pidió que cambie el sistema de gestión de la política urbanística, «primero ejecutamos los proyectos y, después, hacemos la normativa para que se puedan hacer esas obras sin problemas». Esta abogada no quiso, sin embargo, aclarar hasta dónde quiere llegar Adepa en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan General. Por su parte, Ana Ávila, portavoz de la asociación Túmbala, acusó al Gobierno de Juan Ignacio Zoido de no haberla paralizado.

 
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