promo

Síguenos en Twiter

Banner
Banner

Lun

20

Ene

2014

LOS CONVENIOS DE MARCHENA EN EL PGOU YA TIENEN SU PRIMERA DEMANDA MILLONARIA PDF Imprimir E-mail

ABC SEVILLA / 20/1/2014

JUAN J. BORRERO

Seis sociedades propietarias de los terrenos de Buenaire han solicitado al Ayuntamiento de Sevilla la resolución del convenio urbanístico que firmaron en septiembre de 2003 con el entonces gerente de Urbanismo Manuel Marchena para urbanizar una de las principales bolsa de suelo de la ciudad, con más de dos mil viviendas. Siete años después de aprobarse el Plan General de Ordenación Urbana la urbanización de los terrenos es inviable, principalmente por estar afectados por la huella de ruido y la servidumbre del Aeropuerto de Sevilla. De este extremo tuvo conocimiento oficial la Gerencia de Urbanismo a través de informes de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, a pesar de lo cual siguió adelante con la tramitación de este convenio. Las advertencias de Aviación Civil y sus informes vinculantes tampoco fueron tenidas en cuenta por la Junta de Andalucía que bendijo la aprobación definitiva del PGOU en 2006, fecha en la que los propietarios del suelo tuvieron que pagar, en virtud del referido convenio, más de once millones de euros para asegurar la ejecución de los servicios generales necesarios para el desarrollo del propio plan, pues era condición obligada para todos aquellos propietarios a los que se les recalificó suelo durante la redacción del Plan.


El equipo de Urbanismo, con su delegado Emilio Carrillo, el día que se aprobó en Pleno el actual PGOU
Ahora, una década después de l a firma del convenio, las seis sociedades propietarias del suelo piden a Urbanismo la resolución del mismo y reclaman una indemnización de 21'8 millones de euros incluyendo, además de la devolución de las cantidades entregadas, los daños, perjuicios e intereses ocasionados al considerar que la Gerencia de Urbanismo incurrió en un «enriquecimiento injusto».
La mayor parte de la bolsa de suelo de Buenaire, que tiene un total de 991.078 metros cuadros pertenece a las seis sociedades demandantes: Iniciativas de Bienes Inmuebles S.A., propietaria del 43 por ciento de los terrenos tras adquirir en 2006 terrenos a la Compañía de Jesús; Iniciativas Concertadas S.A., Urbanizadora del Aljarafe S.A., Urbanismo Concertado S. A., Huerta de Nuestra Señora de los Reyes S.L. y Cabenin S.L.. Entre todas suman 702.796 metros cuadrados cuya urbanización sigue inmovilizada. Todas alegan haber sufrido «un grave perjuicio patrimonial». Cada una de estas sociedades, según su porcentaj e de participación, tuvo que ingresar la compensac ión económica que Urbanismo exigía a los propietarios en la firma del referido convenio, cantidades a cuenta para la ejecución de los sistemas generales incluidos en el PGOU y como compensación para asegurar la adquisición de suelo para zonas verdes, etc.
Por esos conceptos, los propietarios depositaron en Urbanismo algo más de once millones de euros, además de otros ingresos en concepto de garantías y avales, cuya devolución reclaman ahora a la Gerencia junto al pago de daños y perjuicios y sus correspondientes intereses. En total, 21,8 millones de euros, ya que los suelos en los que estaba proyectado construir, entre 2006 y 2010, un total de 2.180 viviendas con sus correspondientes equipamientos no pueden urbanizarse.
Los afectados aseguran en su reclamación tener evidencias de que los entonces gestores del urbanismo sevillano conocían oficialmente la inviabilidad del convenio. En su reclamación hacen mención a un informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento de 2010 del que se desprende que dicho organismo emitió informes desfavorables so-bre el sector durante toda la tramitación del PGOU. Dichos informes advertían de que el desarrollo urbanístico planteado en la zona estaba afect ado por l as ser vidumbres del aeropuerto de San Pablo.
Así se le habría comunicado al Ayuntamiento en 2003, 2004 y 2006, a pesar de los cual se firmó el convenio y la Junta de Andalucía aprobó definitivamente el PGOU de Sevilla en 2006. Los propietarios por su parte redactaron el plan de ordenación del sector y constituyeron la junta de compensación, cuyos gastos también reclaman ahora.

Con ese condicionante, los propietarios no pueden construir. Y en caso de que pudieran no está claro que Urbanismo tenga ahora posibilidad de invertir el dinero necesario en la urbanización previa de esos terrenos, en los que se proyectó una modificación de las SE-30 y un nudo de enlace de la red viaria interior con la ronda SE-20 entre otros servicios generales. Ya no está el dinero que entregaron y que ahora quieren recuperar.

 
Informacion