Paralelamente, presentó una denuncia ante el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Sevilla "por abandono y negligencia en el deber de cuidado y conservación" de las citadas instalaciones, propiedad de la Administración andaluza. En el escrito Adepa pidió al Ayuntamiento que actúe en el ejercicio de sus funciones y advierta al propietario del inmueble que, "la inobservancia del deber urbanístico de conservación de las edificaciones supone un incumplimiento de la función social de la propiedad, legitimadora de la expropiación o, en su caso, la venta forzosa de los terrenos". 

Añade que, si la Junta no actúa, el Ayuntamiento puede ejecutar las actuaciones necesarias de manera subsidiaria y después pasar los costes a la Junta. También solicitó medidas de protección para impedir que continúe el "deterioro y haya que lamentar su completa desaparición o ruina".