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2014

EL TSJA ANULA OTROS DOS PLANES ESPECIALES Y ORDENA SU REFORMA PDF Imprimir E-mail

EL MUNDO / 15/11/2014

FRANCISCO JAVIER RECIO

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a dar la razón a los conservacionistas sevillanos en la batalla que mantienen con la Junta -y, en otro plano, también con el Ayuntamiento- en torno a los planes especiales de protección del conjunto histórico, que, a la vista de las dos sentencias (Tribunal Supremo y TSJA) y dos autos de ejecución de sentencia (TSJA), incumplen claramente la legislación patrimonial.

 

El último de estos autos, emitido esta misma semana, anula los dos últimos planes especiales aprobados por el Ayuntamiento y ratificados por la Consejería de Cultura, los de San Andrés-San Martín y La Magdalena. Con éstos son ya seis los planes especiales anulados por los tribunales tras la denuncia de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico (Adepa): los de Santa Catalina, La Encarnación, El Duque-El Salvador y la Catedral -en este caso, aún sin aprobación definitiva-, además de los dos citados con anterioridad.

El TSJA vuelve a dar por buenos los argumentos de impugnación de Adepa, que se refieren a aspectos como los incrementos de edificabilidad, el cambio de alineaciones, la sustitución de edificios, el incremento de alturas, las agregaciones y segregaciones. Todas estas modificaciones están amparadas por la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, pero con una consideración: deben ser excepcionales y es preciso justificar esa excepcionalidad.

Frente a ese precepto legal, la Consejería de Cultura, a través de la Comisión de Patrimonio, ha convertido «lo excepcional en norma», según asegura Joaquín Egea, presidente de Adepa. Egea denuncia la arbitrariedad con la que han venido actuando el Ayuntamiento de Sevilla -en cuanto a la redacción de los planes especiales- y la Consejería de Cultura -que los aprueba-, utilizando las normas patrimoniales como instrumento de poder.

El último auto del TSJA incide, como ya señalaron las resoluciones anteriores, en la existencia de un caso de desviación de poder por parte de las administraciones local y autonómica. Ambas aprobaron los últimos planes especiales con las mismas características básicas que los que ya habín sido anulados por los tribunales, es decir, a sabiendas de su más que posible ilegalidad.

Adepa echa en falta, sin embargo, una actuación más contundente de los tribunales, que no condena en costas a la Junta -el Ayuntamiento se allanó en este último procedimiento- y, por tanto, parece abrir la puerta a nuevos recursos que dilaten aún más la ejecución real de la sentencia. Las alegaciones de la Junta a la última denuncia de Adepa apenas ocuparon folio y medio y, sin embargo, han provocado un retraso de ocho meses en el procedimiento.

La auténtica ejecución de la sentencia no llegará hasta que el Ayuntamiento reelabore los planes especiales anulados, incorporando una ficha de catálogo exhaustiva que detalle qué puede y qué no puede hacerse en los edificios protegidos de cada ámbito del conjunto histórico. Es, a juicio de los responsables de Adepa, la única manera de evitar la arbitrariedad en las decisiones.

La asociación conservacionista detecta un leve cambio de actitud en el Ayuntamiento. No sólo se allanó en este último procedimiento judicial, sino que ha empezado a revisar los planes especiales anulados, incluido el de la zona de la Catedral, aún en trámites. Egea asegura, no obstante, que existe una disonancia evidente entre la dirección política de la Gerencia de Urbanismo, proclive a asumir los fallos judiciales, y los técnicos, que se resisten a ello.

 
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