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Mie

03

Sep

2008

El precio de la 'grandeur' PDF Imprimir E-mail

El litigio judicial contra la construcción en el Prado de la nueva biblioteca central de la Universidad Hispalense amenaza con convertirse en un aviso para navegantes: no se puede ir contra lo que deciden los políticos

ALGUNOS deberían ir tentándose la ropa. Por si acaso. Los vecinos del Prado de San Sebastián, y las entidades que los apoyan en su lucha contra la destrucción de los jardines que existen en esta parte de Sevilla -algún que otro partido político, plataformas en defensa de las zonas verdes, colectivos por la conservación del patrimonio- han conseguido esta semana una circunstancial pero trascendente victoria: un juez aceptó dejar sin efecto, de forma temporal, la licencia del Ayuntamiento que permitía a la Universidad empezar a destruir el frente oriental del Prado para construir el edificio que Zaha Hadid, arquitecta de origen iraquí, pero residente en Londres, ha diseñado para albergar la nueva biblioteca de la Hispalense.

La medida, que está sujeta a revisión, implica la suspensión de facto de una iniciativa en la que, más que la Universidad, quien se juega cierto prestigio es el gobierno municipal, que había hecho de la promoción de la arquitectura virtual una de sus señas de identidad. Probablemente por ese falso lugar común que tiende a asociar las vanguardias con lo aparatosamente extraño, en lugar de con otras estéticas mucho más sutiles. Porque lo cierto es que, aunque el promotor oficial del inmueble sea la academia universitaria, sus regidores nunca hubieran optado por dicha fórmula de no haber mediado el interés municipal. No hay más que ver la escasa calidad con la que la Hispalense trata, salvo contadísimas excepciones, los proyectos arquitectónicos que se refieren a su patrimonio inmobiliario para darse cuenta de que el artefacto de Hadid no es más que una frivolidad. Una suerte de capricho repentino que corre el riesgo de salirnos demasiado caro.

La suspensión de las obras, que habían comenzado estos días de agosto en mitad de la polémica, ha hecho temblar a la entidad académica, que amenaza con reclamar a los promotores del litigio -los vecinos de la zona- daños y perjuicios por las consecuencias de su inesperado aval judicial. Su argumento es, aparentemente, lógico: cada uno debe ser responsable de las acciones (judiciales) que emprende. Sin embargo, deja de sostenerse cuando se mira con algo más de perspectiva: la Universidad, que en su día decidió no exigir compensación alguna en caso de un eventual parón ante el Consistorio, no tiene previsto reclamar la citada indemnización si al final sale vencedora en la batalla judicial, sino justo lo contrario. Exigirá dinero sólo a los vecinos si el juez les da la razón (en primera instancia; y en el aspecto formal del pleito) y decide mantener en suspenso la licencia municipal.

La Hispalense alega que cada día que pasa sin que la construcción del edificio avance le supone un quebranto económico del orden de 10.408 euros, además de la pérdida (supuesta) de una subvención de tres millones de euros concedida por la UE. A ambas cantidades habría que sumarle el dinero que la Junta de Andalucía pensaba destinar al proyecto.

Claro que, a los vecinos, todo esto les importa más bien poco cuando se trata de defender un derecho básico, que es el de poder acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos intereses. Lo llamativo no es tanto que todos estos fondos (públicos, por otra parte) puedan marcharse de Sevilla hacia otros destinos, sino que una institución como la Universidad intente amedrentar a ciudadanos particulares para que no osen discutir (civilizadamente, por el cauce reglamentario de la justicia, que no sale precisamente gratis) los asuntos que han decidido en un despacho, probablemente entre nobles maderas y cómodas con un sinfín de pequeños cajones, una o dos personas. A lo sumo, no más de cinco. Una suerte de aviso indirecto para navegantes: cuestionar lo que resuelven los políticos (en este caso, los municipales y los académicos) puede terminar saliendo bastante caro (en el sentido literal del término) a los sevillanos que no comulguen con determinadas instituciones. Está prohibido disentir en serio.

la 'fórmula cautelar'

Esta vía de presión, de momento retórica, pero que puede generar otro meandro judicial, dejaría a las asociaciones de vecinos y a las plataformas ciudadanas -parte de la sociedad civil de Sevilla- sin el único recurso real para defender sus posiciones dentro del sistema, que no es otro que la vía judicial en su vertiente cautelar. Sin esta opción -que sería equiparable en términos laborales al derecho de huelga, sobre el que, directa o indirectamente, versa toda la negociación colectiva- a los ciudadanos sólo les quedaría el derecho al pataleo frente a las resoluciones oficiales. Sabido es, dice el refrán, que quien no llora no logra casi nada. Pero también que, en ciertos contextos, el llanto y el grito sirven de bastante poco. Sobre todo cuando algunos gustan de hacerse los sordos porque lo que desean oír es el habitual rosario de adulaciones que les permiten creerse mejor de lo que son. Pioneros constructores de una urbe distinta. Heroicos hacedores de un imperio menor. Por alcanzar esta grandeur son capaces de sacrificar casi todo: el sentido común, el dinero de los contribuyentes y, de paso, algo tan básico como el derecho de uno -el ciudadano común, en este caso- a poder defenderse. Menudos demócratas.
 
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