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25

Feb

2015

LA AUDIENCIA NACIONAL ORDENA DEVOLVER AL DOMINIO PÚBLICO UNA PARTE DE TABLADA PDF Imprimir E-mail

EL MUNDO / 23/2/2015

FRANCISCO JAVIER RECIO

Casi 18 años después de la subasta por la que las cajas de ahorro sevillanas -El Monte y San Fernando, hoy desaparecidas- se adjudicaron los terrenos de la antigua base militar de Tablada, que abrió uno de los más significativos capítulos de la especulación urbanística en Sevilla, todo podría volver al punto de inicio. LaAudiencia Nacional, en un auto de aclaración al que ha tenido acceso EL MUNDO, ordena expresamente al Ministerio de Medio Ambiente que devuelva la condición de 'necesaria para el dominio público' a una franja de terrenos de 200 metros de anchura paralela al río. Esos suelos formaron parte del lote que se vendió en lasubasta celebrada en 1997, subasta que ahora queda, más que nunca, en entredicho.

 

El auto de la Audiencia Nacional viene a aclarar algunas consideraciones contenidas en la sentencia dictada el pasado mayo, en la que esta instancia judicial volvía a dar la razón al promotor inmobiliario sevillano Jesús López López, en el sentido de que la única orden ministerial que está en vigor es la dictada por el Ministerio de Medio Ambiente el 13 de abril de 2000, que consideraba los terrenos necesarios para el dominio público marítimo terrestre por sucondición de inundables.

Conscientes de la relevancia jurídica y económica de esta situación, los ministerios de Defensa y de Medio Ambiente han intentado por diversas vías dejar sin efecto esta orden ministerial, pero todos sus intentos se han topado con el rechazo de los tribunales.

Este último auto de aclaración lo hace ya de una forma expresa y sin ambigüedades. Por si quedaba alguna duda del alcance de las sentencias precedentes, la Audiencia Nacional redacta ahora de nuevo el fallo emitido en mayo del año pasado, y ordena ejecutar la resolución ministerial de abril de 2000 y, en consecuencia, «procede acordar la afectación de los terrenos declarados necesarios» para el dominio público marítimo terrestre.

Reitera además la anulación de la resolución del Ministerio de Medio Ambiente de noviembre de 2010, con la que se quiso rectificar la situación anterior -declarando los terrenos innecesarios trece años después de ser subastados-, ordena «suscribir el acta de recepción de bienes» y «rectificar el deslinde» de los terrenos. Es decir, tramitar la devolución de los suelos al uso público.

En resumidas cuentas, la Audiencia Nacional viene a ratificar que la subasta de 1997 se realizó sin los mínimos condicionantes legales, ya que el Estado vendió a la iniciativa privada unos terrenos que, oficialmente, seguía considerando necesarios para el dominio público. La sentencia de la Audiencia Nacional no entra en esa cuestión, pero resulta evidente que esa circunstancia podría dar lugar, si alguno de los afectados así lo solicitara, a la anulación de aquella subasta.

Una operación plagada de errores

Julio de 1997
El Ministerio de Defensa subasta Tablada. Lo hace sin solicitar la declaración de innecesariedad de los terrenos para el dominio público que debe emitir Medio Ambiente.
Abril de 2000
Casi tres años después, Medio Ambiente emite la declaración, pero comete un segundo error: mantiene como necesaria una franja de 200 metros paralela al río.
Julio de 2000
Defensa pide con urgencia una nueva declaración para corregir la anterior. Medio Ambiente la redacta incluso antes de recibir la solicitud oficial.
Marzo de 2004
La Audiencia Nacional anula la segunda declaración y deja como única vigente la primera. Desde entonces, el Estado viene eludiendo el cumplimiento del fallo.

La operación inmobiliaria de Tablada salió mal desde el principio. El Monte y la Caja San Fernando adquirieron un primer lote de terrenos a Defensa por 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) de 1997, y posteriormente fueron comprando otras parcelas previo acuerdo con los propietarios de los derechos de reversión. En 2001, acuciadas por el Banco de España, vendieron los suelos a un conglomerado de constructoras denominado Tablada Híspalis, que redobló las presiones sobre el Ayuntamiento para obtener su recalificación.

La intención era levantar unas 10.000 viviendas, pero el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 mantuvo lacalificación de no urbanizable para los terrenos y la operación inmobiliaria se vino abajo. La crisis económica, que paralizó el sector de la construcción, hizo el resto.

Paradójicamente, el posicionamiento de la Audiencia Nacional en torno a la situación legal en la que se desarrolló la subasta de 1997 podría acabar beneficiando a los propietarios de los terrenos yperjudicando, y mucho, a las arcas del Estado.

Una hipotética anulación de aquella subasta obligaría al Ministerio de Defensa a devolver el importe de la operación, más los intereses acumulados a lo largo de este tiempo, a los propietarios actuales. La cantidad sería, probablemente, inferior a los 82 millones de euros que Tablada Híspalis pagó por ellos a las cajas de ahorro sevillanas, pero sustancialmente mayor que el precio actual de los suelos, muy devaluados desde el punto de vista inmobiliario: el PGOU sólo permite construir allí algunas instalaciones deportivas de bajo impacto.

El Ayuntamiento lleva años esperando la culminación del proceso judicial para afrontar el desarrollo de los terrenos. Su retorno al patrimonio público también beneficiaría esa operación.

 
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