ABC SEVILLA / 3/3/2015

ALBERTO GARCÍA REYES

La Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Junta de Andalucía, ha provocado un retraso de varios meses en las obras de reurbanización de la calle Almirante Lobo, entre la Torre del Oro y la Puerta de Jerez, tras ordenar a Emasesa la realización decatas arqueológicas para revisar si hay restos históricos en ese trazado.

La empresa adjudicataria de las obras, Carmocon, ha elaborado uninforme en el que denuncia que los arqueólogos de Patrimonio han mostrado un celo «nunca visto» hasta ahora paralizando los trabajos durante al menos dos meses en un tramo por el que, según los planos arqueológicos de la ciudad, discurre el arroyo Tagarete. Es más, ese espacio ha sido objeto ya de innumerables estudios por parte de los expertos, que dieron el visto bueno a la canalización del arroyo hace décadas.

Pese a todo, la Comisión de Patrimonio, organismo que ha paralizado otros proyectos del gobierno de Zoido como el puente de la Torre Pelli, envió un escrito a Emasesa al comienzo de las obras avisando de que los arqueólogos realizarían catas, ya que la empresa de aguas iba a renovar la red de saneamiento aprovechando la repavimentación de la calle. Nada más desembarcar allí la empresa que ganó el concurso, los expertos de la Junta comenzaron a pedir catas que obligaban a parar a las máquinas e impedían el trabajo previsto por los obreros.

Tras dos meses de investigaciones, se ha llegado a la conclusión de queno hay nada de valor y las obras se podrán reanudar. Pero ya no se podrán inaugurar en marzo, como estaba previsto, sino que los trabajosse dilatarán al menos hasta junio. Después de las elecciones, tanto las autonómicas como las locales.

La demora, además, tiene un coste que la empresa estima en más de cien mil euros. Según las fuentes consultadas, Carmocon también denuncia que los arqueólogos comprobaron que no había restos y, aún así, volvieron a exigir nuevas catas a dos metros de profundidad, algo que no les había ocurrido nunca.

El Ayuntamiento considera que este «exceso de celo» no tiene ninguna justificación y reclamará tanto el perjuicio económico del retraso como los sobrecostes a la Junta por la vía administrativa e incluso en los tribunales si no hay acuerdo directo.