La Sala de lo Social del TSJA dedujo testimonio contra Monteseirín para que sea investigado por la vía penal, ya que los magistrados del alto tribunal creen que hay suficientes indicios de un posible delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación por parte del exalcalde al obligar al gerente de la Fundación a contratar a Castaño con un sueldo que él mismo estipuló y pese a que su asesor no tenía plaza en DeSevilla. Todo esto fue probado por Fuster en el pleito laboral que se inició cuando Castaño pidió una indemnización a la Fundación tras el despido posterior al enchufe, una actuación jurídica que desembocó en la denuncia del TSJA contra Monteseirín. Además, la abogada denunció el desvío de 990.000 euros de los fondos de cooperación internacional de esta entidad a fines que tanto el fiscal como el juez han señalado como «particulares o partidistas», una causa en la que actualmente están imputados los comunistas Antonio Rodrigo Torrijos, Carlos Vázquez y Miguel López Adán.

 

El despido de la abogada se produce, además, unos días antes de que declaren en el juzgado los peritos judiciales de KPMG que certificaron todas las irregularidades, citados por el magistrado Juan Gutiérrez Casillas para el próximo día 8 de septiembre. La delegada de Economía, Carmen Castreño, en su condición de presidenta del patronato de la Fundación, se lo notificó el pasado día 28 de agosto en un documento en el que explica que el caso lo llevarán a partir de ahora los servicios jurídicos del Ayuntamiento, una decisión que no tiene explicación económica, ya que el contrato del pleito ya está pagado y el cambio en la dirección jurídica no supondrá ningún ahorro para las arcas municipales. Se trata, por tanto, de un volantazo en la gestión del caso desde el gobierno de Juan Espadas que deja fuera a la letrada que ha llevado toda la denuncia y ha destapado el escándalo.

 

Fuster fue contratada por el gobierno de Juan Ignacio Zoido unos meses después de su llegada a la Alcaldía, una vez que durante la liquidación de la Fundación, ordenada por el máximo responsable del PP, se descubriera que los anteriores gestores habían borrado el ordenador de la contabilidad y que existían en DeSevilla posibles irregularidades de relevancia penal. La abogada llevó el caso a los tribunales y tras más de tres años de instrucción en los que se han practicado diversas pruebas periciales, tanto la Guardia Civil como los propios peritos aseguran que en esta Fundación se justificaron proyectos de cooperación al desarrollo en países como Cuba o Nicaragua que nunca se ejecutaron.

 

La última acción de la abogada de la Fundación DeSevilla ha consistido en solicitar la imputación de toda la Junta de Gobierno del PSOE e IU de aquel mandato, ya que las ayudas se aprobaron en este órgano a pesar de los informes contrarios del interventor en los que se alertaba del posible fraude. La primera teniente de alcalde del gobierno de Juan Espadas ha decidido expulsarla justo antes de esta cita crucial y de que la acusación municipal tenga que pedir nuevas pruebas contra sus predecesores socialistas en el Ayuntamiento y contra los antiguos miembros de IU, partido que ha vuelto a dar la Alcaldía al PSOE tras las últimas elecciones.