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Lun

28

Sep

2015

EL PP PREGUNTA A LA JUNTA SI APOYA EL DERRIBO DELA GAVIDIA PDF Imprimir E-mail

ABC SEVILLA / 28/9/2015

M.J.PEREIRA

La diputada popular Alicia Martínez ha presentado una pregunta en el Parlamento andaluz para que la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, responda en comisión si apoya la posibilidad de derribar el edificio de la Gavidia que acogió la comisaría de Policía hasta 2004, como ha planteado el alcalde de Sevilla, Junta Espadas. El PP recuerda que ese edificio tiene una protección C en el PGOU y está incluido en el catálogo de bienes de la Consejería de Cultura, por lo que está protegido por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

«Nos preocupa que la Consejería de Cultura pueda cambiar de criterio con el edificio de la Gavidia porque haya llegado el socialista Juan Espadas a la Alcaldía», explicó a ABC Martínez, quien recordó que cuando el PP gobernaba en Sevilla «todo eran trabas para hacer un centro comercial en ese inmueble y ahora todo son facilidades para que Espadas pueda demoler el edificio. No puede haber dos varas de medir: una para el alcalde del PP y otra para el alcalde del PSOE». Como se recordará, la Comisión Provincial de Patrimonio negó la posibilidad de hacer un centro comercial en ese edificio protegido pero después el Consejo Consultivo de Andalucía sí lo autorizó.

A juicio del PP, «la consejera de Cultura debe explicar cuál es su criterio sobre la protección del patrimonio y, en todo caso, si se aprecian síntomas de ruina en este edificio, así como velar para que se hagan obras consolidación y conservación en el inmueble si tiene valores patrimoniales. Nosotros apoyaremos en ese edificio proyectos razonables y útiles para la ciudad, que hagan compatibles la rentabilidad con los usos culturales».

Alicia Martínez recuerda que Susana Díaz, presidenta de la Junta, ya anunció tras reunirse con Espadas que la administración andaluza desbloquearía proyectos de la ciudad, como Altadis, las Atarazanas o la Gavidia, «pero —advierte el PP— esa promesa no puede ser a cualquier precio y sin respetar la legalidad patrimonial».

Por otra parte, los populares creen «inadmisible que el Ayuntamiento haya permitido que la burocracia asfixiante haya deteriorado tanto el edificio como para declararlo en ruinas, justificando así su demolición». En este sentido, recordó que «el edificio está catalogado en el plan especial San Andrés-San Martín, bendecido por la Consejería de Cultura y la Comisión de Patrimonio, a pesar de lo cual fue suspendido a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo por no cumplir la legalidad».

 
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