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Dic

2015

VILLALOBOS TIENE EN 2012 MÁS DE 121 PERSONAS CONTRATADAS "A DEDO" PDF Imprimir E-mail

EL MUNDO / 2/12/2015

MARÍA RIONEGRO

La más que cuestionada política de personal de la Diputación de Sevilla ha vuelto a recibir un duro revés. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido un informe en el que pone negro sobre blanco numerosas irregularidades en los criterios de selección de trabajadores, en la cobertura de puestos superiores e incluso en el pago de complementos salariales. Muchos de estos aspectos vendrían a vulnerar diferentes normativas vigentes, según destaca este balance fiscalizador del año 2012.

 

En el área analizada como personal, el informe destaca un dato que podría resumir la criticada política de contratación del gobierno del socialista Fernando Rodríguez Villalobos, a quien se le acusa desde hace años de configurar una plantilla con personal elegido a dedo, muchos de ellos compañeros del PSOE. Así, en 2012, un total de 121 trabajadores de la Diputación de Sevilla era personal eventual, de los que diez se correspondían a directores de área pero con la consideración de «personal directivo».

El resto de la plantilla presupuestada de ese año, 2.028 personas, se dividen entre personal funcionario (un 39,7%) y eventual, que copa más de la mitad de la plantilla con un 54,2% de personas. En ese año, la institución provincial aún no tenía aprobada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) -que se acordó en 2014- y, por tanto, la Cámara de Cuentas desconoce «los criterios utilizados por la entidad para que los mismos se ocupen por perSonal funcionario o laboral».

Directivos

Sobre estos 121 empleados que figuran como personal eventual, el informe señala que la Diputación ha vulnerado la ley, ya que «debió distinguir al personal eventual del directivo, superando con ello la distorsión introducida por el artículo 176.2 del TRRL (Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local), aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, en virtud del cual se permitía el desempeño de puestos de carácter directivo personal eventual».

Esta situación no fue corregida hasta finales de 2013, cuando el gobierno de Villalobos realizó una convocatoria pública «para la cobertura de las diez plazas de directores generales como directivos profesionales».

Otra de las incertidumbres que muestra la Cámara de Cuentas es qué pasará con el personal contratado para diferentes programas. Así, el informe explica que estos trabajadores eventuales están reclamando en los tribunales que se les reconozca como empleados indefinidos en la Diputación, una reclamación que se está siendo aprobada por los jueces.

De hecho, ya en 2012 existían al menos cuatro sentencias favorables para estos trabajadores inicialmente eventuales. Siguiendo esta tendencia, el informe avisa de que la corporación provincial deberá crear nuevas plazas, hacer frente a los salarios de tramitación y a las diferencias salariales derivadas del convenio que se aplica. Por ello, llama al gobierno socialista a «valorar el riesgo y la responsabilidad que supone esta situación».

En el apartado de mejoras económicas y asistenciales, la Cámara de Cuentas también detalla algunas posibles irregularidades. Por ejemplo, dice que se «recogen conceptos retributivos que conculcan» dos normativas, tales como «el premio a la jubilación ordinarias que supuso en el ejercicio fiscalizado 248.945,27 euros de obligaciones reconocidas; y el premio a la constancia consistente en el abono de una serie de mensualidades al cumplir 20, 25, 30, 35 y 40 años de antigüedad, que en 2012 ascendió a 795.735,02 euros».

Otro aspecto que «no se considera ajustado a la legalidad presupuestaria» es el acuerdo de valoración de puestos de trabajo y el incremento retributivo. Según la Cámara de Cuentas, este punto «trataba de corregir las consecuencias» derivadas de los recortes que aplicó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

 
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