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23

Feb

2016

PP Y C´S FRACASAN EN SU INTENTO POR FRENAR LAS ATARAZANAS PDF Imprimir E-mail

EL MUNDO / 29/1/2016

CARLOS MÁRMOL

Los grupos municipales de PP y C's, que el miércoles anunciaron que presentarían una moción conjunta al Pleno para que el Ayuntamiento «suspendiera preventivamente» la licencia de obras concedida al proyecto del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra para la rehabilitación integral de las Atarazanas, han tenido que dar marcha atrás en sus pretensiones después de que la Secretaría Municipal -encargada de velar por la legalidad de las decisiones municipales- informase negativamente su propuesta, invalidándola por no ser acorde a derecho.

Juan Ignacio Zoido y Javier Millán, portavoces de ambas fuerzas políticas, elevaron al máximo órgano municipal una moción inviable desde el punto de vista jurídico porque la concesión de cualquier licencia urbanística, según fija la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la propia ordenanza de licencias de Sevilla, es un acto reglado cuya concesión no depende del criterio político, sino de la adecuación de un determinado proyecto arquitectónico a las normas urbanísticas y patrimoniales.

La intervención de Vázquez Consuegra cumple ambos requisitos: tiene el visto bueno de Patrimonio y cuenta con un permiso de obras concedido en diciembre, tras casi diez meses de tramitación. Por tanto, no puede ser paralizado, como querían PP y C's. Tal resolución hubiera supuesto la comisión de un delito. Así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que define la licencia urbanística «como un acto jurídico de naturaleza reglada mediante el cual la administración actúa con un control preventivo sobre la actividad de los administrados para asegurar la ordenación urbanística». Esto significa que, desde el día 10 de diciembre, fecha en la que la comisión ejecutiva de Urbanismo concedió el permiso municipal con todos los informes técnicos a favor, el proyecto de Vázquez Consuegra puede empezar con independencia de los debates que se celebren en ámbitos políticos.

La concesión de la licencia deviene obligada, según la doctrina del Tribunal Constitucional, y crea desde el momento de su otorgamiento derechos jurídicos consolidados. De ahí que la moción de PP y C's, amén de ser contradictoria con las ordenanzas municipales y la propia legislación, supusiera proponer al Pleno adoptar una resolución ilegal.

Tras el informe negativo del secretario, PP y C's modificaron ayer su propuesta y elaboraron otra moción, que hoy se discutirá en Pleno, donde desaparece la petición de «suspender preventivamente la licencia». En su lugar, estos dos grupos políticos reclaman ahora que el proyecto se someta a exposición pública, que se celebre un Pleno extraordinario y hacen una propuesta, algo difusa, para que la Junta y La Caixa -promotora de la obra- consideren la posibilidad de retrasar la intervención pese a contar con todos los permisos, lo que supondría, en caso de ser aceptada por la Caixa, dilatar sine die una inversión de 10 millones de euros.

Todo indica que dicha moción saldrá adelante hoy si, además de PP y C's, la apoyan Participa e IU. Está por ver qué hará el PSOE. La aprobación de la iniciativa, en todo caso, no es sino una declaración de intenciones: ni bloquea el calendario de la Caixa -el comienzo de las obras estaba previsto entre febrero y marzo- ni tampoco pone en cuestión la legalidad de la intervención. La rehabilitación puede comenzar si la Junta y la Caixa optan por no cambiar de criterio. La oposición y las entidades conservacionistas han dejado pasar el plazo legal disponible -un mes- para presentar un recurso de alzada ordinario contra la licencia. De ahí que la única vía para impedir el inicio de las obras, cuya legalidad no está en discusión, sea que un juez aceptase una hipotética suspensión cautelar de la licencia como paso previo a un contencioso-administrativo. Los conservacionistas han anunciado que irán a los tribunales. La incógnita es si éstos, con todos los informes técnicos municipales que avalan la intervención, les darán la razón o, por el contrario, archivarán una denuncia que todavía ni existe.

 
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