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Mie

14

Ene

2009

La Junta ignora a los jardines de Forestier para el Parque Cultural del Aljarafe PDF Imprimir E-mail
SEVILLA. Tras la aprobación de la nueva Ley de Patrimonio en 2008, los Bienes Culturales del Aljarafe podrán gestionarse bajo la figura de Parque Cultural, para la que se contempla la autogestión a través de un consorcio. Hasta ahora, la Fundación Amigos de Itálica, que preside José Rodríguez de la Borbolla, había propuesto que el Parque Cultural del Aljarafe Norte estuviera formado por la ciudad romana de Itálica, el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, y el yacimiento arqueológico del Carambolo. Eso, al menos, se recogía en el Potaus redactado en octubre de 2007. Sin embargo, en la versión que ha aprobado en diciembre la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía -Cotua-, la normativa recoge la inclusión del Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, en dicho Parque Cultural.
Sin embargo, a pesar de que en esta nueva propuesta tiene cabida un Bien Cultural de procedencia no arqueológica, el Potaus deja fuera del Parque a los Jardines de Forestier, que están declarados Bien de Interés Cultural por la propia Junta de Andalucía y que se encuentran en el espacio del Aljarafe Norte, a escasos metros del dolmen de Montelirio, que sí está incluido. Se da la circunstancia, además, de que el Potaus señala la zona aledaña a Forestier como Área de Oportunidad, donde se construirá un complejo hotelero de cinco hectáreas.
La plataforma Forestier de Guzmán, que vela por la conservación de este BIC, dice que este complejo hotelero afectará al patrimonio a pesar de que en el propio Plan de Ordenación se detalla que el primer criterio de actuación consiste en «ordenar la zona con especial atención a su integración en la trama urbana y al impacto paisajístico sobre el escarpe oriental del Aljarafe y el Bien de Interés Cultural de los Jardines de Forestier». Desde la plataforma se insite, a través de un comunicado, en que «una vez más observamos cómo el urbanismo opaco impone su sombre sobre los bienes patrimoniales protegidos. En este escenario, el papel de la Junta de Andalucía no es de simple espectadora de las actuaciones urbanísticas municipales, sino cómplice activa en el ejercicio de su competencia de ordenación del territorio».
 
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