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Abr

2016

EL INTERVENTOR ALERTA DE QUE SIGUE EL DESCONTROL EN LAS SUBVENCIONES PDF Imprimir E-mail

ABC SEVILLA / 21/2/2016

STELLA BENOT

Ni el escándalo del presunto fraude de los cursos, ni que el sistema esté siendo investigado por más de 14 juzgados en Andalucía, ni los informes de actuación previos que ya tiene la Junta. Ni siquiera la lupa que la comisión de investigación tiene puesta encima de los cursos de formación han conseguido atajar el descontrol en la concesión de las subvenciones de formación profesional para el empleo que tiene la administración andaluza.

Sala del Parlamento andaluz donde se custodian los expedientes de los cursos que se investigan
Así lo explica claramente el interventor general de la Junta, Adolfo García Fernández, en cinco nuevos informes diferentes que han sido elaborados por su departamento dentro del plan de control que se puso en marcha cuando se detectaron las irregularidades en 2013, y que ha enviado a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero así como a los consejeros de Empleo, José Sánchez Maldonado; Educación, Adelaida de la Calle, y Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. Hay que recordar que Adolfo García Fernández dimitió «por motivos personales» el pasado 28 de diciembre, exactamente un mes después de firmar los informes de actuación en los que se detallan las irregularidades.
El nuevo informe elaborado sobre el control de las subvenciones en los servicios centrales —que es desde donde se concedieron los fondos a los agentes sociales y las empresas que impartían clases en varias provincias— pone de manifiesto que hay 21.800 expedientes pendientes de justificar, el más antiguo desde el año 2005, por un importe total de 705.711.520 euros. Un dinero que no se sabe dónde se ha empleado a pesar de que hay informes de actuación de la Intervención de la Junta que indicaban que se hiciese un exhaustivo seguimiento de ellos. Por ello, la Intervención exige «el inicio urgente de los expedientes de reintegro». A estas cantidades hay que sumar las que están pendientes de justificar del resto de las provincias, cuyo monto total se desconoce.
Es más, el propio documento explica que ahora la Junta «está elaborando» una Instrucción sobre la tramitación de los procedimientos, así como un sistema de alertas informáticas para que se imposibilite la prescripción de los derechos.
Menoscabo de fondos públicos
Muy duras son las críticas del interventor de Sevilla que dice claramente que no se han adoptado las medidas necesarias para resolver las deficiencias detectadas, «lo que podría dar lugar al menoscabo de fondos públicos». Una frase que se repite en el análisis que hace la Intervención en Córdoba y Huelva.
Así, detalla una serie de incumplimientos graves ya que no se han comprobado las justificaciones en plazo, no se ha hecho un seguimiento, lo que podría dar lugar a la caducidad de los expedientes; es decir, a que quienes han usado las subvenciones de manera fraudulenta no tengan que devolverlas. El interventor de Sevilla destaca especialmente una de las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, Asociación de Empresas Aeronáuticas, y alerta de que podrían «derivarse responsabilidades».
El informe realizado sobre el control de las ayudas en Córdoba es bastante similar, aunque destaca que el «SAE alerta de que no dispone de los medios necesarios para llevar a cabo las actuaciones recomendadas». El interventor concluye que hay un bajo nivel de fiabilidad y destaca las ayudas a la empresa Faasa Aviación que rondan el millón de euros y sin justificar.
Las irregularidades detectadas en Huelva son similares, si bien el alto funcionario de la Junta destaca que «se han entregado subvenciones a beneficiarios que tenían anteriores en la misma línea y sin justificar » , con lo que entiende que son nulas de pleno derecho. Y advierte de una realidad muy llamativa teniendo en cuenta que el dinero entregado por la Junta de Andalucía estaba destinado a la formación para el empleo; « ningún expediente ha concluido con la contratación de los trabajadores».
En Jaén, la intervención detalla que no ha habido objetividad en la selección de los alumnos y que los beneficiarios no han aportado ni facturas, ni documentación, ni memoria explicativa. Es más, deja constancia de que el SAE ha recibido la renuncia a una ayuda pero no ha iniciado el expediente de reintegro.

 
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