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23

Ene

2009

El ayuntamiento hace dejación del derecho a reclamar por retraso de obras PDF Imprimir E-mail
El alcalde de Sevilla ha vuelto a descartar la posibilidad de exigir el pago de una penalización a las empresas constructoras por el retraso en la entrega de obras municipales a pesar de que este derecho está contemplado en el pliego de condiciones de las mismas. Lo hizo recientemente en la recepción de regeneración de la Alameda de Hércules y ahora con las obras de la Encarnación
Sánchez Monteseirín aseguró el pasado lunes, en pleno debate sobre el retraso de las obras, que el Ayuntamiento no ejercerá tampoco este derecho ante el retraso de más de dos años que acumula la reurbanización de la Plaza de la Encarnación una vez concluida justificando esta decisión en la «especial relación» que tiene la empresa concesionaria del proyecto, Sacyr, con la ciudad. Entre otras adjudicaciones Sacyr participa en la UTE que construye la Línea 1 del Metro de Sevilla.
La justificación ha sorprendido ya que se utiliza una cuestión subjetiva para exonerar a una empresa de responsabilidades expresadas por un contrato con la Administración Pública, de obligado cumplimiento por ambas partes. La decisión implicaría por tanto un trato de favor difícil de sostener como solución política.
Y es que el pliego de condiciones del contrato de la reurbanización de la Encarnación, como el de tantas obras encargadas por el Ayuntamiento incluye las penalizaciones por retraso en los plazos de ejecución de las obras cuando éstos retrasos no fuesen imputables a la Administración ni a fuerza mayor.
«Si el adjudicatorio fuera responsable del retraso, se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en este pliego». Dicho pliego, en su artículo 32.2 referente al régimen de penalidades establece que el «incumplimiento de los plazos marcados en el presente pliego o en la oferta del adjudicatario para la elaboración del Proyecto de Ejecución y terminación de la obra pública» dará lugar a una falta grave sancionable con multa de 301 a 3.000 euros. Es más, se establece que «el órgano de contratación podrá imponer multas coercitivas al adjudicatario, cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe de dichas multas será proporcional a la gravedad del incumplimiento, con un máximo de 3.000 euros al día».
Se da la circunstancia de que Sacyr se hizo con la adjudicación del concurso público para la obra de la Encarnación gracias a ajustarse al presupuesto de salida del proyecto en lo que respecta al dinero que en metálico debía aportar el Ayuntamiento y, sobre todo, al compromiso de culminar la obra en el plazo más corto con respecto al resto de empresas concursantes. En el procedimiento concursaron cuatro empresas. Sando y la Ute Martín Casillas-Ficoam quedaron apeadas en una primera selección ya que elevaban la aportación económica municipal planteada en el pliego de condiciones de 25 millones a 49 y 38 millones respectivamente. Sacyr resultó seleccionada, gracias, entre otros motivos a que aseguraba un plazo de ejecución de las obras de 20 meses frente a los 22 que aseguraba la UTE Detea.Vías.
El Ayuntamiento, por tanto, debería clarificar qué retrasos son imputables a fuerza mayor, a la propia administración y a la empresa para conocer las responsabilidades de cada parte a la hora de valorar los más de dos años de retraso que acumula el proyecto.
La única justiciación ofrecida hasta el momento por el Ayuntamiento y la constructora es la dificicultad técnica que implica un proyecto de diseño vanguardista, aspecto que debería haberse tenido en cuenta en la redacción del contrato teniendo en cuenta que las características del proyecto eran conocidas ya que resultó elegido en un concurso internacional de ideas convocado por el Ayuntamiento.
A raíz de la información publicada por ABC la pasada semana advirtiendo del retraso acumulado, desde el martes se nota mayor actividad en la obra. Tras reconocer el retraso, el delegado de Urbanismo convocó la constitución de una comisión de seguimiento al proyecto, al tiempo que el alcalde instaba a la empresa a proyectar el trabajo a partir de ahora con vistas a proceder a la apertura por fases del proyecto. Al tiempo, Sánchez Monteseirín descartaba solicitar penalizaciones por el retraso.
El martes llegó a la obra una nueva partida de ladrillos. No obstante, se sigue a la espera de que empresa y Ayuntamiento acuerden un nuevo cronograma una vez se resuelvan los problemas técnicos del acople de la madera que formará el elemento singular del proyecto, el parasol.
Igual en La Alameda
Similares circunstancias se han dado en la ejecución de las obras de reurbanización de la Alameda de Hércules, que acumularon un retraso de año y medio, sin que se justificara el motivo de tanto retraso por la concesionaria o el Ayuntamiento, más que por la aprobación de hasta dos reformados sobre el proyecto original.
No obstante, el alcalde a priori antes de procederse técnicamente a la recepción de las obras ya anunció que no se ejercería el derecho a reclamar cantidades por el retraso acumulado en la ejecución.

 
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