Un juzgado de Sevilla ha resuelto admitir a trámite los dos recursos judiciales contencioso-administrativos presentados por vecinos del entorno del Prado de San Sebastián por la situación de las cocheras del tranvía ligero Metrocentro, tras constatar mediante respuesta escrita del propio Ayuntamiento hispalense que estas estructuras carecen de licencia.

Según indicó a Europa Press el abogado Manuel Salinero, que representa los intereses vecinales por medio del bufete RZS, el proceso se encuentra ahora a expensas de que el Ayuntamiento, que ya se encuentra personado, remita los expedientes administrativos correspondientes a los acuerdos que se pretende impugnar, y que han sido solicitados por el juez. Los recursos han sido interpuestos contra la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y contra la Delegación Municipal de Medio Ambiente.

Así, mientras en el primer caso los residentes de este entorno hacen constar la falta de licencia de obras de estas estructuras, el recurso contra Medio Ambiente busca hacer hincapié en la inexistencia de la licencia para la apertura de estas cocheras, todo ello bajo el argumento, facilitado por el Consistorio, de que la empresa municipal de transportes (Tussam), que explota el Metrocentro, "queda excluida del deber de solicitar y obtener las licencias que regula la ordenanza municipal de actividades por ser administración pública".

Este argumento, para Salinero, es "claramente insostenible", pues "precisamente se crea una sociedad mercantil para que no sea propiamente administración", habiéndolo resuelto de esta forma "repetidamente" la jurisprudencia, "incluso para una empresa municipalizada en Sevilla como Lipasam".

La representación legal de los residentes afectados ha considerado que la consecuencia debería ser la "inmediata" clausura de la actividad, así como la instrucción y tramitación del correspondiente expediente sancionador, con multas de hasta 6.010 euros por infracción "grave".

Los vecinos, asimismo, se encuentran estudiando otras posibilidades tales como la de denunciar a la Administración hispalense por otras vías como la penal, en lo que respecta a los ruidos y gases emitidos por el vehículo y que afectan a los residentes del entorno, motivos que originaron las primeras protestas hace dos años, cuando fue inaugurada la infraestructura. De hecho, Salinero expuso en su momento que la propia situación urbanística de las cocheras es también susceptible de ampliar la intervención judicial más allá de la vía contencioso-administrativa.