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URBANISMO RECHAZA LEGALIZAR LAS OBRAS SIN LICENCIA DEL HOTEL MERCER PDF Imprimir E-mail
TURISMO

ABC SEVILLA / 5/10/2017

M.J. PEREIRA

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha notificado a Pedro Molina, propietario del hotel gran lujo Mercer, situado en la calle Castelar de Sevilla, que no le autoriza las obras que realizó sin licencia en el edificio, entre ellas la renovación de la cubierta a dos aguas, la demolición de una semicúpula sobre la escalera principal, el estrechamiento del zaguán o la modificación de la fuente central del patio. La Comisión Provincial de Patrimonio -dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía- ya incoó la apertura de un expediente sancionador.

Pedro Molina, representante de la sociedad promotora, Mercer Sevilla, ha presentado en el Ayuntamiento un recurso de alzada contra la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de no legalizar esas obras. La propiedad del edificio alega que «tenía licencia de obras cuando comenzó la construcción del hotel. Posteriormente se solicitó en mayo de 2016 la aprobación del reformado de la obra, aunque todo lo que se hizo está dentro de la Ley».

El dueño del hotel manifiesta que en julio de 2016 la Comisión Provincial de Patrimonio estudió el proyecto de reformado de obras y decidió solicitar aclaraciones al Ayuntamiento de Sevilla. «Pues bien, ese documento no llegó al Ayuntamiento hasta febrero de 2017 y a nosotros, en marzo, ocho meses después de que la reunión hubiera tenido lugar. Nosotros habíamos comenzado las obras en mayo de 2015 y las acabamos en octubre de 2016», informa.

En cuanto a la cubierta a dos aguas que fue demolida y reproducida, Molina indica que«en el proyecto básico para el que se concedió la licencia se decía que había que renovarla por el estado ruinoso de su estructura de madera, que hacía imposible su recuperación. Tuvo que hacerse porque la anterior no respondía a los requerimientos de un edificio moderno, pero la obra realizada es perfectamente legalizable».

Otra de las cuestiones polémicas ha sido la construcción de un túnel bajo el edificio para que el personal pudiera llegar desde la calle a los almacenes sin tener que pasar por el patio central. «Me dieron permiso y después me dijeron que no pero lo cierto es que pude demostrar que el Plan Especial 7 del Sector Catedral que lo impedía no fue aprobado definitivamente, por lo que no está vigente. Por tanto, el edificio sigue teniendo la protección C y puede realizarse esa obra. Por esa razón, al final el túnel fue informado favorablemente por la Comisión Provincial de Patrimonio», añade.


En lo que respecta a la semicúpula que remataba la decoración de la escalera principal, la propiedad la demolió para construir un forjado plano al mismo nivel que el resto de las terrazas. «Una vez acabada las obras me piden que lo corrija pero ahora es absolutamente imposible. Ese elemento no está protegido según la normativa, por lo que la obra es legalizable también. El problema es que en Sevilla no hay catálogo de edificios protegidos, por lo que no esta suficientemente claro lo que se puede hacer en cada uno», puntualiza Pedro Molina.

En este sentido, asegura que hace un mes él y los arquitectos del hotel, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, solicitaron al delegado provincial de Consejería de Cultura de la Junta, José Manuel Girela, una reunión para explicarle que «las modificaciones hechas han respetado siempre la protección parcial C del edificio, que nos obliga sólo a no modificar la primera crujía».


«No somos delincuentes y no hemos destrozado nada. De hecho, los cuatro hoteles que tenemos en España están en edificios protegidos, el más antiguo del siglo I d C. El hotel de Barcelona tiene incorporado en el establecimiento parte de la muralla de la ciudad y se hicieron todas las obras respetando la legalidad y sin que hubiera ningún problema con la Administración», subraya Molina.

Expediente sancionador
En abril de 2017, la Comisión Provincial de Patrimonio decidió incoar un procedimiento sancionar por infracción en materia de protección del Patrimonio Histórico Andaluz, consistente en la ejecución de demoliciones y obras sin contar con autorización previa. La Comisión de Patrimonio considera no legalizables las obras realizadas en la cubierta a dos aguas, la demolición de la semicúcupla sobre la escalera principal, el estrechamiento del zaguán y el cambio de posición de la fuente del patio central. «Si hace falta, recurriremos a los tribunales para demostrar que se ha cumplido la legalidad. Lo que dice la Comisión de Patrimonio -dice- no es un dogma de fe».

 
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