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Abr

2018

CINCO POLICÍAS IMPUTADOS EN LAS OPOSICIONES ASPIRAN A UN ASCENSO PDF Imprimir E-mail

DIARIO DE SEVILLA / 12/4/2018

FERNANDO PÉREZ ÁVILA

Cinco policías locales de Sevilla investigados por presunto enchufismo en el caso de las oposiciones fraudulentas aspiran a un ascenso. El Ayuntamiento de Sevilla los ha admitido en las listas de candidatos a ocho plazas de oficial, pese a que existe una resolución judicial que prohibía cualquier cambio en la situación laboral de los policías investigados. Los agentes son cinco de los 37 policías locales que se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo mes de septiembre por acceder presuntamente de manera irregular al cuerpo.

El juicio está señalado para el próximo 11 de septiembre en el juzgado de lo Penal 10 de Sevilla. Entre los aspirantes al ascenso que están procesados en el caso de las oposiciones está el hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, Manuel Bustelo, así como el hijo del que fuera hasta hace un mes superintendente jefe de la Policía Local de Algeciras, José Medina.

EL HIJO DEL PRESIDENTE DEL SPPME, MANUEL BUSTELO, ES UNO DE LOS ASPIRANTES AL ASCENSOEL AYUNTAMIENTO ALEGA QUE ADMITIRLOS PARA EL PROCESO NO CONTRADICE LA ORDEN DEL JUEZ

El Ayuntamiento convocó recientemente un concurso para acceder a las ocho nuevas plazas de oficial que se han creado. En el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 7 de abril se publicaron las listas provisionales de admitidos, en las que hay inscritos 207 agentes. Todos ellos, actualmente policías rasos, presentaron las solicitudes para participar en las pruebas de selección para ascender a oficial. Los cinco imputados en el caso de las oposiciones lo hicieron sin que nadie del Consistorio rechazara su solicitud, pese a que existe dos resoluciones judiciales que así lo establecen.

En un auto emitido el 13 de octubre de 2015, el juez de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ordenaba lo siguiente: "requerir al alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y, por su conducto, a cualquier otra autoridad o funcionario con competencia en materia de organización o recursos humanos en dicha entidad local, para que se abstenga de realizar cualquier acto administrativo que se refiera a la situación laboral de los acusados en autos que pueda impedir, dificultar, retrasar u obstaculizar, de forma directa o indirecta, los resultados o la ejecución de un eventual fallo condenatorio". Además, el juez instaba al alcalde a que comunicara al juzgado "cualquier cambio que se produjera en la situación administrativa o laboral de los acusados".

Las defensas de algunos de los imputados recurrieron esta medida cautelar, entre otras cuestiones planteadas por el juez. Éste rechazó la petición de los abogados de los acusados y mantuvo las medidas cautelares. "En cualquier momento del procedimiento en el que se plantee la necesidad de asegurar los pronunciamientos de un eventual fallo condenatorio, será preceptiva la adopción de las medidas necesarias a tal fin, sobre todo en un caso como el de autos, en el que según ya se argumentó en la resolución recurrida, no se entiende que las medidas adoptadas puedan ocasionar un real perjuicio a los acusados o al Ayuntamiento de Sevilla. En caso contrario, el trámite penal carecería de la necesaria eficacia si no pudieran adoptarse las cautelas imprescindibles para el propósito expuesto", exponía el magistrado en otro auto fechado el 18 de enero de 2016. El juez también recordaba que las medidas cautelares no están sujetas a ningún plazo e incidía en que el objetivo de las mismas es asegurar el "buen fin" de la instrucción ya concluida y también las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la sentencia.

Que los imputados asciendan a oficial supondría un cambio en su situación laboral, ya que percibirían unas retribuciones mayores que en la categoría de policía raso. Podría argumentarse que este ascenso no supondría un cambio sustancial que afecte a una posible ejecución de la condena. Ésa es, de hecho, la argumentación del Ayuntamiento de Sevilla, que entiende que por el hecho de admitir las solicitudes de estos cinco agentes no contradicen las instrucciones del juez. En el caso de que aprueben, antes de nombrarlos como oficiales, el Consistorio sí comunicaría el caso al juez y sería éste quién resolviera si podrían ascender o no. De lo contrario, el Ayuntamiento considera que se podrían vulnerar los derechos de los policías en el caso de que el fallo no fuera condenatorio sino absolutorio.

Existe un precedente parecido en la Policía Local de Granada. El Ayuntamiento de esta ciudad tuvo que degradar a tres agentes que habían promocionado a subinspectores para ejecutar una sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de esta ciudad, que anuló las oposiciones celebradas en el año 2007 para cubrir ocho plazas de subinspector. Antes había degradado a los otros oficiales que habían ascendido a subinspector en esta prueba de selección que quedó anulada.

 
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