DIARIO DE SEVILLA / 25/4/2018

JUAN PAREJO

El Ayuntamiento de Sevilla tiene las manos atadas para frenar la proliferación de pisos turísticos, fundamentalmente en el casco histórico. La medida que aprobará esta semana el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para prohibir, desde el próximo mes de julio, los pisos turísticos en la ciudad no puede llevarse a cabo en la capital de Andalucía. La capital balear ha podido adoptar esta decisión pionera en España gracias a la reforma de la ley general Turística aprobada por su parlamento autonómico, que ya prohibió el alquiler vacacional en pisos, pero dejaba en manos de los consistorios la posibilidad de delimitar los barrios y zonas en los que autorizarlo. Sevilla, que ya sufre una importante proliferación de este tipo de alojamientos en su casco histórico, no puede reaccionar así al no contemplarlo la normativa autonómica ni la estatal. El Ayuntamiento, según confirmaron fuentes municipales a este periódico, sí trabaja en la creación de su marco propio para poder regular tanto los apartamentos como las Viviendas con Fines Turísticos (VFT). No se descarta incluso la redacción de una ordenanza como se ha hecho en San Sebastián, única ciudad de España que cuenta con ella.

El Ayuntamiento de Sevilla lleva tiempo estudiando el fenómeno de los apartamentos y viviendas turísticas y su incidencia en los vecinos. Para ello ha realizado un estudio que ha detallado cuál es la situación real. Debido al poco margen que le dejan las regulaciones autonómica y estatal, el área de Urbanismo está explorando la posibilidad de crear un marco normativo propio que permita establecer unas condiciones más duras para la conversión, una moratoria o una limitación por zonas. En este sentido, la ordenanza de San Sebastián, que entró en vigor el pasado mes de marzo y que ha sido estudiada por el Ayuntamiento de Sevilla, dividió la ciudad en tres zonas. En la A, considerada saturada, no se permiten nuevas licencias y tan sólo se han regularizado las que contaban con su número de registro y con algunas restricciones. La normativa donostiarra también es restrictiva en las zonas B (de alta demanda) y C.

Mientras se decide cómo se va a dotar a Sevilla de un marco normativo referente a los apartamentos turísticos y viviendas con fines turísticos, el Ayuntamiento trata de controlar este fenómeno aplicando tres líneas de actuación. La primera de ella es mediante la llamada mesa de los ilegales que se reúne de manera periódica para controlar e inspeccionar los que operan sin estar dados de alta en el registro oficial de turismo de la Junta de Andalucía, administración que junto a la Policía, la patronal hotelera o el colegio de Administradores de Finca, forma parte de este organismo. La segunda vía de actuación es la aplicación de las conclusiones el estudio-diagnóstico sobre la realidad de este fenómeno. Con datos reales sobre la mesa se podrán tomar mejores decisiones. Actualmente se están evaluando estos resultados.

El tercer modo de controlar los pisos turísticos es endurecer los requisitos para obtener la licencia de primera ocupación e inspeccionando y sancionando las obras no legalizables. Se trata del modo más efectivo de control. Para que un piso pueda dedicarse a la actividad turística necesita obtener la licencia de primera ocupación si su construcción es anterior a 1988. Para limitar el número de viviendas que se transforman se han endurecido las condiciones para obtener este certificado. El Ayuntamiento está pidiendo los requisitos más exigentes de la ley. Esta medida ha hecho que se frene la reconversión de unos 40 pisos en los últimos meses. Por carecer de licencia se han cortado recientemente los suministros de luz y agua a un apartamento de la calle Peral. La vigilancia de las obras es otro de los baluartes de la Gerencia de Urbanismo para luchar contra la ilegalidad. Ayer mismo la comisión ejecutiva aprobó imponer una primera multa coercitiva de 18.000 euros a unos apartamentos que se están construyendo en la trianera calle Callao por incumplir el acuerdo que ordenó la inmediata paralización de las obras que venían realizándose. En el año 2016 se impuso otra multa millonaria a un complejo de la calle Becas por realizar unas obras que no eran legalizables.