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Mar

31

Ago

2010

PIFIAS MONUMENTALES PDF Imprimir E-mail

La nefanda torre corta la maravillosa panorámica». Podrían ser palabras referidas al rascacielos firmado por el arquitecto argentino César Pelli que Cajasol está levantando en la isla de la Cartuja de Sevilla entre protestas de los ciudadanos, pero se trata de una frase de hace casi cuarenta años. Quedó registrada en ABC en abril de 1971 cuando la llamada Torre de Valencia se coló en las mejores postales del estanque del Retiro de Madrid y se hizo hueco a empellones en el paisaje urbano, después de una larga odisea judicial. Ahí quedó eso, 94 metros de altura y 28 plantas. Parece hoy como si siempre hubiera existido, pero no deja de parecer a muchos que quizá nunca debió nacer. El hecho es que, so pretexto de que también París se rebeló contra la torre Eiffel por «rompedora», cualquier promotor de edificios megalómanos de mayor o menor valía arquitectónica termina por construirlos. Por algo llevan siempre implícito un trasfondo de connivencias institucionales e intereses económicos, a veces legítimos y otras espurios.

En Sevilla de nada están sirviendo ni las recomendaciones de la Unesco ni las protestas y recogidas de firmas de las plataformas ciudadanas. La sinfonía visual del Guadalquivir y la Torre del Oro ya no existirá más o, al menos, la música será otra, alterada por un acorde demasiado alto: el de un edificio de oficinas de 178 metros de altura que, aunque situado a quinientos metros de los límites del casco histórico y a kilómetro y medio de la Giralda, cobrará un inusitado protagonismo desde cualquier punto del corazón de la capital hispalense. Pero las obras siguen adelante y los trabajos de cimentación ya están en marcha.
La crisis como «alivio»
Rosa María Suárez-Inclán, presidenta en España de Icomos (organismo dependiente de la Unesco encargado de velar por los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad) hace notar que el caso de esta torre «es, tristemente, uno de muchos, y, seguramente, no el peor» de entre las amenazas que en estos años se ciernen sobre los conjuntos históricos y monumentales españoles. Con la paradoja de que, en su opinión, la crisis no está siendo la peor lacra para su gestión y conservación. Al contrario, asegura. Los pesebres autonómicos alimentados por la bonanza económica de los noventa y primeros años de este siglo han llevado a que todos los prebostes de «taifas» se hayan aplicado en intentar dejar huella perdurable en sus territorios con la adjudicación de proyectos a arquitectos estrella, a veces con resultados catastróficos. «La Ley de Patrimonio de 1985 -recuerda Suárez-Inclán- recoge que el Ministerio de Cultura, aunque haya transferido las competencias a las Comunidades, puede intervenir en caso de 'expoliación'» (palabra que se inventaron en esa ley, en lugar de “expolio”), y, sin embargo, nunca lo hace». Otro miembro de Icomos, Víctor Fernández-Salinas, incide en la desproporción que existe en el hecho de que la Administración central no intervenga para atajar agresiones patrimoniales y practique el «laissez faire» y sí haya actuado, y con gran celeridad, en el caso del barrio del Cabañal en Valencia, mientras que no lo hace en Sevilla, por ejemplo, pese a que la torre Cajasol va a alterar sustancialmente el paisaje urbano y el edificio va a estar a sólo 150 metros de la iglesia de la Hermandad del Cachorro. Para Fernández Salinas, «este efecto emulación cateto bajo la coartada de la modernidad no repara en que ni una torre de estas características es el Empire State ni Sevilla gana nada -seguramente pierde, en su singularidad- con un rascacielos».
Sin ambages, María Rosa Suárez-Inclán opina que «en lo que a bienes patrimoniales se refiere, era mejor y más operativa la gestión única y centralizada desde el Ministerio y la Dirección General de Bellas Artes. Además de que la actual estructura atomizada resulta difícil de coordinar, siempre es más razonable que las decisiones importantes se tomen con una cierta distancia, y no desde el meollo de los intereses y las presiones locales».
Aldabonazo
La representación española de Icomos acaba de difundir un demoledor informe sobre la construcción de un hotel de hechuras cúbicas en la plaza de San Mateo, en pleno casco histórico de Cáceres, ciudad que también es Patrimonio de la Humanidad. La cubierta del edificio está rematada por una pérgola blanca de hormigón. Uno más de tantos desmanes que, según Suárez-Inclán, no han faltado en los últimos años «en Salamanca, Santiago de Compostela, Toledo, Mérida, Valencia, Murcia, La Laguna...». Pese a ello, dice, no es fácil que la Unesco arrebate a un bien patrimonial su catalogación como Patrimonio de la Humanidad, «entre otras cosas porque el sistema se ha politizado y la secretaría administrativa del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco está suplantando las funciones de Icomos, que es el organismo asesor independiente. Ahora meten baza los estados, y los estados se mueven para evitar que les saquen los colores. Hace un año se le quitó el título de Patrimonio de la Humanidad a la ciudad alemana de Dresde por la construcción de un puente sobre el Elba, pero es una rara excepción».
Pese a las dificultades, Icomos no abandona su función de vigía y «estos días estamos muy atentos a lo que suceda en Santiago de Compostela cuando se descubra el Pórtico de la Gloria. No tenemos nada contra la Fundación Barrié, que financia su restauración, pero, ¿cómo se deja en manos privadas lo más sagrado (y nunca mejor dicho) de nuestro patrimonio?».
La lista engra de WMF
Vientos saludables para la preservación del legado artístico y cultural desde el ámbito privado llegan desde la World Monuments Fund (WMF), entidad sin ánimo de lucro que, a través de uno de sus patrocinadores, American Express, mantiene el llamado World Monuments Watch, un observatorio de bienes patrimoniales señeros que cada año difunde una lista de los cien monumentos más amenazados del mundo. Y, tristemente, seis de ellos son españoles, frente a tres en Francia y otros tantos en Italia. Los conjuntos monumentales españoles «nominados» este año por insuficientemente preservados o amenazados son el paisaje histórico de Sevilla (por la torre Cajasol), el de Toledo (por la urbanización de la Vega Baja y la destrucción de los vestigios visigodos), la soriana Numancia (por proyectos de urbanización), la Muralla de Ávila (por la proliferación de construcciones extramuros) y la Sagrada Familia de Barcelona por la construcción del túnel del AVE junto a los mismísimos cimientos del templo. Pablo Fernández Longoria, director de proyectos de WMF, que ha estado hace pocos días en Sevilla comprobando in situ la marcha de las obras de la torre Pelli, explica que son particulares y colectivos locales los que normalmente instan a incluir un determinado bien en esa relación ominosa, cosa que no resta importancia a las denuncias: «Las peticiones pasan por el filtro de un panel de expertos y deberían ser tenidas muy en cuenta».
El caso de Toledo es llamativo. El arqueólogo Arturo Ruiz Taboada ha denunciado una paradoja, muy frecuente en nuestros días: para justificar la urbanización de la Vega Baja sin un proyecto riguroso de cómo se gestionarán los restos visigodos de la zona, las Administraciones, rumbosas, aseguran que levantarán allí un museo arqueológico. ¿Qué sentido tiene tal promesa, sin que se sepa el relieve de lo que eventualmente se pueda hallar? Y, sobre todo, dice Ruiz-Taboada, «en Toledo hay ya tres o cuatro museos arqueológicos cerrados, pertenecientes a distintas administraciones. Sólo se usa el del Palacio de Santa Cruz para exposiciones temporales. No sé que sentido tiene uno más». Otra fiebre es la de los palacios de congresos. El anterior gobierno local del PP promovió uno firmado por Rafael Moneo junto a Zocodover al que el actual alcalde, socialista, no ha dado pleno uso. «Esto es de locos -dice Ruiz Taboada- nadie planifica nada seriamente. A alguien se le podría haber ocurrido pensar que quizá Toledo no es una ciudad de congresos, que su valor añadido es otro».
Sigue el asedio a Numancia
Situación parecida se está viviendo en Soria, según apunta Pablo Martínez Longoria, con el proyecto de la «Ciudad del Medio Ambiente» en el Soto de Garray, muy cerca de Numancia: «Nada mejor que poner a los proyectos urbanísticos un nombre que suene así de bien para que parezca que no se está haciendo nada perjudicial». Sobre el pertinaz asedio a Numancia sabe también, y mucho, Álvaro de Marichalar, quien, junto a su familia, viene batallando desde hace varios años para que las instituciones no echen a perder este sitio histórico de primera magnitud. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la expropiación de los terrenos de los Marichalar que el Ayuntamiento había llevado a cabo para levantar en ellos un polígono industrial, pero no ha acabado ahí la lucha, explica, «porque ahora la Junta y el Ayuntamiento se empeñan en montar esa Ciudad del Medio Ambiente a la que yo prefiero llamar Ciudad de la Mafia Ambiente.» Dice que «con el pretexto de que allí habrá un centro de investigación, se harán también tres mil viviendas. Lo de siempre, el casamiento entre políticos y constructores». Al tiempo, recuerda, «también está en proyecto una urbanización de adosados en Monte Real, que se venden con el reclamo de que tendrán «vistas a Numancia». Marichalar asegura que su familia no se ha movido por intereses particulares, «pues igualmente nos estamos oponiendo a estos dos proyectos que no afectan directamente a nuestros terrenos» porque, aduce, «mi abuelo Luis regaló en 1917 al Estado la parcela en la que están las ruinas de Numancia para que el Estado las cuidara y preservara, y lo que está habiendo es una lamentable dejación de funciones».
En cuanto a Ávila, lo que ha disparado las alarmas del World Monuments Watch ha sido la proliferación de edificaciones de nueva planta en los alrededores del casco histórico que, según explica Fernández Longoria, «están poniendo en riesgo la relación espacial y visual entre la ciudad amurallada y los bienes patrimoniales extramuros», valor que también forma parte de su catalogación como Patrimonio de la Humanidad. «Lo más llamativo entre lo recién construido -comenta- es el palacio de congresos, agresión paisajística innecesaria, enfrente mismo de la muralla. En España puede terminar por haber más recintos de este tipo que congresos para albergar en ellos».
Y es que nada se les pone por delante a los «Médici» autonómicos.
 
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