La comunidad de propietarios del número 9 de la calle Diego de Riaño tiene claro que va a pedir la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que en junio de 2009 se pronunció en contra de la edificación de la biblioteca que la Universidad de Sevilla había ya iniciado en los Jardines del Prado de San Sebastián. Así lo dijo ayer a ABC José Cubiles, presidente de esta asociación después de conocer el nuevo y último auto dictado al respecto por el Tribunal Supremo que se ha publicado esta misma semana.

Los residentes del número 9 fueron los que encabezaron una batalla legal a la que después se sumaron otras siete comunidades de propietarios y la asociación de vecinos Huerta de la Salud, y aunque los tribunales les dieron la razón los primeros, esa primera sentencia de 2009 aún no se ha cumplido. La causa no es otra que los recursos de casación presentados por la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento Hispalense y la Junta de Andalucía, lo que ha obligado a esperar a que se resolviesen, uno a uno, primero los recursos de los vecinos ante el TSJA y después los de casación por el Tribunal Supremo.

Llegada la última sentencia que cierra el trámite legal, pues ya no caben más recursos, Cubiles aseguró ayer que los vecinos preparan ya el auto para exigir la ejecución forzosa que obligará a la Universidad a demoler todo lo edificado sobre la cota cero de los jardines, para devolver el parque al estado anterior al comienzo de las obras, con la reposición de la zona verde y la reurbanización del espacio. «Deseo morirme contemplando delante de mi casa el jardín que tenía antes», dijo Cubiles, quien aseguró que «la sentencia se ejecutará en sus términos». El representante de la comunidad de vecinos del número 9 de Diego de Riaño explicó que este colectivo iniciará los trámites de forma individual, aunque el caso de las otras comunidades y de la asociación es el mismo. De hecho, en todo este conflicto las iniciativas judiciales de los ciudadanos han sido independientes entre sí y por ello se ha producido la multiplicidad de sentencias en el mismo sentido.

El Ayuntamiento, por su lado, insistió ayer en que respeta y acata el fallo judicial y recordó que es la Universidad quien debe ejecutarlo. Pero ningún responsable de la Hispalense se ha pronunciado aún sobre el último fallo del Tribunal Supremo que rechaza la reconversión a uso educativo de la calificación de la parcela del parque en la que se empezó a levantar el edificio proyectado por la arquitecto angloiraní Zaha Hadid. Tampoco la Universidad ha propuesto o pedido otro lugar para la biblioteca.