Abc Sevilla / 21/2/2021

Antonio R. Vega

El próximo martes «empieza la cuenta atrás para la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), ha confirmado a ABC que el próximo Consejo de Gobierno andaluz va a poner a cero el contador de este proyecto que Sevilla lleva 25 años esperando. El máximo órgano ejecutivo de la Junta aprobará una modificación presupuestaria para disponer de una partida de 78 millones de euros para formalizar la compra de los siete edificios de la multinacional sevillana Abengoa y de otras dos parcelas anexas de la promotora Viapol en Palmas Altas.

«Este acuerdo nos va a permitir dar ese primer paso para poder empezar el proyecto. Es la confirmación de que la Ciudad de la Justicia tal y como nos comprometimos va a ser una realidad y una magnífica noticia para Sevilla», subrayó el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Una vez reservada la partida presupuestaria que autoriza la Consejería de Hacienda, el siguiente paso será «cerrar la fecha para la firma de la compra y formalizar el contrato» con los actuales propietarios. Los 103.240 metros cuadrados del Campus Palmas Altas pasarían a ser patrimonio autonómico. En ellas se ubicarán la Audiencia Provincial, que ahora está en el Prado de San Sebastián, y las actuales sedes judiciales que están dispersas por toda la ciudad y cuyo alquiler cuesta unos cinco millones al año. La opción de Palmas Altas se alzó desde el principio como la solución más rápida y más barata para dotar a Sevilla de un complejo judicial.

El Gobierno andaluz retoma, de este modo, un proyecto que frenó en seco la pandemia del Covid-19. «Se paró porque los recursos que había teníamos que ponerlos a disposición de la Consejería de Salud» para afrontar la situación de emergencia sanitaria y económica. «Ya podemos retomar ese momento en que lo dejamos», destaca en una entrevista concedida a este periódico.

Parte de ese camino ya está andado de la mano del Ayuntamiento de Sevilla y del sector judicial. La Junta firmó un contrato con la multinacional sevillana para comprar sus siete edificios y rubricó otro acuerdo con Viapol para adquirir dos parcelas, una para un edificio que tendría 2.500 aparcamientos y otra para albergar órganos judiciales, porque no caben todos en el campus de Abengoa. Los precios que se fijaron siguen vigentes.

Una vez que la Junta firme las escrituras y tome posesión de estos inmuebles con los 78 millones de euros (IVA incluido) que va a liberar, «podemos iniciar el proyecto de Ciudad de Justicia con la adaptación de los edificios que fueron sedes de Abengoa y de la Universidad Loyola y las construcciones previstas en las parcelas de Viapol», detalló. El complejo judicial al completo comprenderá 217.580 metros cuadrados entre la zona administrativa, el parking en altura y los aparcamientos subterráneos actuales.

«La aprobación de la partida es el primer paso para poder empezar este proyecto, es una magnífica noticia para Sevilla», subraya el vicepresidente
«Queda mucho trabajo. Habrá que licitar el anteproyecto y adjudicarlo y cuando esté podremos empezar las obras», avanzó el vicepresidente. No quiere aventurarse a dar fechas sobre las obras de adaptación y la mudanza, que se realizarían de forma progresiva y de acuerdo con los jueces, fiscales y funcionarios. La pandemia ha trastocado todos los planes: «Pensábamos que en cuatro años era razonable que lo pudiéramos a hacer. Se hará todo lo que se pueda hasta donde lleguemos».

Previamente, el Gobierno andaluz deberá resolver una disyuntiva para hacer realidad el proyecto: si acomete con recursos propios las obras de reforma y construcción de los edificios judiciales o, si por el contrario, encarga las mismas a una empresa seleccionada a través de un concurso que también explotaría los servicios de seguridad, limpieza y otros locales comerciales. Justicia sopesa la primera opción para «agilizar» las obras y recurrir con posterioridad a la fórmula de colaboración público-privada. De este modo, se devolvería a la empresa concesionaria el coste de la inversión mediante el pago de un canon durante veinte o treinta años por parte de la Junta de Andalucía «con un tipo de interés regulado para que haya total transparencia y conforme a la ley».

El modelo no está cerrado: «Lo iremos estudiando y veremos cuál es la formula más viable, más rápida y económica». La inversión para adaptar el campus y construir los nuevos edificios se ha estimado en 128,4 millones, de los que hay que descontar 4,5 millones para redactar el anteproyecto.

Encargo del anteproyecto
El complejo judicial en Palmas Altas fue un empeño personal de Marín y del nuevo Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos, para el que buscó la complicidad del Consistorio. La Consejería de Justicia cerró «un acuerdo con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y con el sector judicial» para trasladarlo a Palmas Altas. Junto al regidor y las autoridades judiciales, Marín visitó las instalaciones el 21 de febrero de 2020, pocos días antes de que la OMS declarara la pandemia global. «Es importante que se hiciera de la mano del Ayuntamiento porque también está previsto el desarrollo de la ciudad hacia sur y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ya anunció que la futura Línea 3 del Metro tendrá parada en Palmas Altas», destacó.

Parte del recorrido burocrático ya está hecho. La Dirección General de Infraestructuras Judiciales de la Junta hizo un primer estudio, denominado encaje de necesidades, y también se realizó un plan de movilidad que avalaba el traslado. Lo siguiente será que la Consejería de Justicia licite el anteproyecto por importe de 4,5 millones de euros «para poder utilizar esos espacios» y «consensuar» su diseño con los representantes del estamento judicial y los agentes sociales. Marín espera que «podamos hacerlo este año y sacar lo antes posible el proyecto definitivo». El reloj se pone en marcha este martes.