Sevilla- La decisión del Ayuntamiento de dar luz verde al proyecto del Caixaforum en las Atarazanas sin el consiguiente Plan Especial de Protección del edificio ya ha levantado las primeras ampollas en los colectivosconservacionistas de la ciudad. De momento, mañana está prevista una conferencia en el Ateneo organizada por la Asociación para la Defensa del Patrimonio en la que se debatirá el futuro que le espera al inmueble medieval bajo las pretensiones de la caja catalana. «Estamos expectantes ante lo que pueda pasar en ese encuentro, ya que estará presente, entre otros, Bernando Bueno, delegado  provincial de Cultural, que nos tendrá que explicar por qué no se necesita el plan de protección», asegura el presidente de Adepa, Joaquín Egea.
Para este organismo, la falta de normas en cuanto a la protección del inmueble supone una absoluta «ilegalidad como tantas otras que se han cometido en los últimos años del Gobierno de Monteseirín». Egea se refiere a los proyectos de Metropol Parasol y al de la Torre Pelli, que «se sumarán a éste si se sigue por el mismo camino». Una de las cuestiones a las que tendrá que responder Bueno, al que también acompañará el ex alcalde Manuel del Valle, quien estuviera al frente de la Fundación Atarazanas, es cómo la Junta de Andalucía, que cedió el inmueble a La Caixa en 2009, da luz verde a «la creación de una plaza pública en un lugar que es privado sin contar con ninguna norma reguladora».
Como Egea, son muchos los que se hacen este tipo de preguntas ante «varios puntos sospechosos», que el representante de esta organización enumera. «Primeramente está el nombre propio del arquitecto, Guillermo Vázquez Consuegra (autor de importantes edificios y reformas de la Administración regional como la del Palacio de San Telmo) y de quien no hace falta decir más. Luego viene la ‘intención’ del Ayuntamiento de facilitar la llegada de un equipamiento como el Caixaforum y, finalmente, la excusa de que hay que crear trabajo». Éste es uno de los argumentos que menos convencen a Adepa, ya que «habría que canalizar bien estos intereses que llegan a la ciudad, porque no se puede poner en peligro un edificio histórico cómo éste, bajo la excusa de crear trabajo». Señala que lo que está pasando es igual que el conflicto suscitado por la construcción de la Torre Pelli. «La promotora, Cajasol, dice que si se paran los trabajos se destruirán 1.500 empleos, cuando ya han anunciado que pondrán en la calle a más de 3.000 personas». También se pone en duda la manera en la que se ha llevado a cabo el proceso de adjudicación del proyecto, pues mantiene que «está claro que se ha hecho a dedo, porque he hablado con varios arquitectos que iban a participar en el concurso y que no hicieron ciertas propuestas porque no estaban permitidas en la normativa, pero que ahora vemos que se han admitido». En cuanto al papel del Gobierno, entienden que «si a todo el mundo se le prohíbe poner una planta más, ¿cómo es que en un edificio con la catalogación de Bien de Interés Cultural se le permite esto cuando lo más que se pueden hacer son reformas menores?».     
La pelota está ahora en el tejado de la Junta, que debe dar el visto bueno al proyecto presentado, ya que en un primer momento fue la Administración regional la que no puso trabas a la construcción de nuevas instalaciones en las Atarazanas sin contar con un plan especial de protección.