Abc Sevilla / 26/05/2022

E. Barba

El grupo La Raza, que denunció las 'mordidas' en Mercasevilla que dieron origen al Caso ERE, se ha quedado finalmente sin la concesión de su conocido restaurante enclavado en el acceso al Parque de María Luisa, de titularidad municipal. Tras un largo proceso judicial promovido por el PSOE desde el Ayuntamiento de Sevilla, esta concesión ha variado y, ya con el respaldo de los tribunales, ha pasado a otro grupo, Abades, tal y como confirmaron fuentes municipales. El mismo ha sido rescatado financieramente con una inyección de casi 30 millones en ayudas por parte del Gobierno central, también en manos de los socialistas.

La cadena de acontecimientos que ha derivado en este cambio tiene un trasfondo de relevancia: quienes han perdido la concesión del restaurante son los mismos que denunciaron en primavera de 2009 las coacciones para pagar las comisiones ilegales que generaron el Caso Mercasevilla y después el Caso ERE, el mayor escándalo que ha salpicado al socialismo en Andalucía y que se sigue juzgando con diversas piezas aún abiertas.

Varios años después de esa denuncia con escuchas incluidas, el Consistorio ha echado a La Raza de su establecimiento más emblemático y se lo ha adjudicado a su principal competidor en el sector, Abades, que ofrece sus atenciones principalmente en áreas de servicio, hoteles y restaurantes en las principales carreteras de la comunidad autónoma. El gran crecimiento de esa cadena se produjo durante la etapa del PSOE al frente del Gobierno regional.
Este relevo obligado en el establecimiento ha sido el final de un litigio que comenzó hace seis años, en verano de 2016, y que derivó a los juzgados a raíz de la decisión del Gobierno municipal socialista de extinguir los contratos de arrendamiento que procedían de acuerdos sobre bienes públicos rubricados antes de mayo de 1985, ajustándose a las disposiciones que se habían establecido dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Dicha regulación disponía la extinción de tales arrendamientos cuando los mismos se encontrasen en situación de prórroga. Agarrándose a esas disposiciones, el Ayuntamiento impulsó la retirada de esta concesión. La Raza desarrollaba su actividad desde mediados de los años 50 -concretamente, desde 1954- con la base de un contrato de renta antigua por el que sólo debía abonar 200 euros mensuales por el alquiler de estas instalaciones junto a la Plaza de España, aunque la compañía pagaba más de mil por otros conceptos que ella misma incluyó para, de alguna manera «actualizar» ese abono mensual.

Como el bar Citroen
El Ayuntamiento acometió esta medida bajo el liderazgo de Juan Espadas, ahora responsable del PSOE-A y candidato a presidir la Junta, también sobre el conocido bar Citroen, enclavado a sólo unos metros de La Raza y, por tanto, también enclavado sobre espacios declarados como bienes patrimoniales, tal y como se ha hecho con otros negocios en situación igual o parecida. Cada una de las dos concesionarias promovió su propio litigio contra dicha decisión, si bien en ambos casos la Justicia ha acabado avalando la medida municipal. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determinó en ese sentido que «el arrendamiento constituía un título inhábil para legitimar el uso y aprovechamiento privativo de aquel bien demanial, más aún cuando la celebración del citado contrato se había llevado a cabo al margen de toda licitación o procedimiento que garantizase la concurrencia competitiva y los principios que rigen el acceso al uso y aprovechamiento de los bienes integrantes de dominio público», por lo que respaldaba la decisión del Ayuntamiento.

La extinción de la explotación apoyada por los juzgados hizo que el Ayuntamiento sacara a concurso público la concesión demanial del establecimiento para uso hostelero, que ha recaído finalmente en el grupo Abades. Esta firma, rescatada con 29,3 millones por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez a principios de año, ha ganado la licitación del señero restaurante por un canon anual de 611.000 euros y un periodo de 16 años, a lo que se ha dado ya el visto bueno por parte del área de Patrimonio Municipal.

Para optar a esta concesión, La Raza ha debido cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentra, según recalcan fuentes municipales a este periódico, presentar cifras «que refrenden una solvencia económica y financiera de casi 300.000 euros como volumen de negocio mínimo anual». El Consistorio asegura que se ha tratado de un proceso «de concurrencia pública de todos los que estuvieran interesados» y que la concesión se ha sustentado en la oferta económica de Abades, que «es superior a lo indicado en los pliegos».

Abades, que se ha hecho con la concesión del restaurante, fue rescatada por el Gobierno central en enero con una inyección de casi 30 millones de euros
Pese a todo, la situación financiera de este grupo Abades no es la mejor, como demuestra el hecho de haber sido rescatado por el Ejecutivo central, que autorizó a finales de enero la citada ayuda de 29,3 millones de euros a esta compañía con sede en la localidad granadina de Loja y con más de cincuenta establecimientos repartidos por toda España, desde Andalucía a Murcia o Castilla y León. Esta ayuda se ha realizado mediante un préstamo participativo de casi 23 millones y otro ordinario de 6,5 después de una autorización de apoyo financiero sustentada en los estudios del impacto sufrido por el grupo empresarial a causa de la pandemia de Covid. El grupo Abades presentó un estudio de garantías para devolver el dinero y, por supuesto, un plan de viabilidad de la compañía para lograr ese dinero del Gobierno de Sánchez, que ha dado un impulso decisivo a la firma hostelera y de servicios. Esta ayuda se llevará a cabo a través del Fondo de Apoyo de Solvencia a Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y que está gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los responsables de Abades señalaron que la ayuda gubernamental «es imprescindible para continuar con la estrategia del grupo».