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21

Mar

2012

El rector no asume derribar la obra del Prado y la deja al Ayuntamiento PDF Imprimir E-mail

Propone a Zoido modificar el PGOU para eludir la sentencia

Día 21/03/2012 - 08.16h

El recién nombrado rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, quiere dejar «en manos del Ayuntamiento» la patata caliente del derribo de la Biblioteca del Prado. Así lo comunicó al Consejo de Gobierno de la Hispalense tras informar sobre el cambio de ubicación del proyecto que se pretende ubicar ahora en Eritaña, en un nuevo edificio junto a los pabellones de México y Brasil.

La Universidad de Sevilla acaba de presentar alegaciones para contrarrestar la petición de cumplimiento inmediato de sentencia que han elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los vecinos que litigaron con éxito contra el proyecto, para que se proceda al derribo de la construcción en cumplimiento del mandato judicial que anula todo el proceso urbanístico sobre el que se gestó la obra y para restituir la zona verde a su estado original. En dichas alegaciones la Universidad sostiene que de la sentencia «sólo puede deducirse que no es posible continuar las obras de la Biblioteca» al declarar ilegal la norma urbanística que en su momento permitió y autorizó el proyecto, pero también que el Tribunal Supremo no se manifiesta sobre la posible conservación o demolición de lo construido.

Bajo esta premisa el rector considera que si hubiera una «decidida voluntad» por parte del Ayuntamiento éste podría impulsar ahora una modificación del PGOU para dar asiento legal al proyecto, con vistas a dejar sin efecto las sentencias del TSJA y el Tribunal Supremo y con ello todo el proceso legal iniciado en 2008. Sostiene el rector que desde que se inició el proyecto se ha movido dentro de la más absoluta legalidad y que las obras se iniciaron «con licencia municipal y el apoyo de la Junta de Andalucía», si bien obvia que el Ayuntamiento de Sevilla incluyó una cláusula extraordinaria en la que advertía a la Universidad de que quedaba eximido de responsabilidades en el caso de que el proyecto tuviera algún inconveniente legal, debido a que ya estaba apercibido de una demanda por las comunidades de vecinos del entorno.

No obstante, el rector «pone a disposición de la ciudad lo construido» y considera que el «proyecto cultural para el Prado queda en manos del Ayuntamiento» por la potestad municipal de modificar el PGOU, «para permitir la construcción de este o cualquier otro edificio en los jardines», a pesar de las firmes reticencias expresadas por el TSJA en relación a construcciones en zonas verdes consolidadas.

El aparcamiento

A la espera de la resolución judicial definitiva sobre el cumplimiento de la sentencia y después que que haya sido imposible un «consenso» con vecinos o Ayuntamiento, el rector ha insistido nuevamente en otra vía para evitar tener que asumir la responsabilidad de derruir lo construído. Sí considera Ramírez Arellano que es compatible con el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo y con la que pueda dictar la Sala del TSJA próximamente, la conservación de lo construido en el subsuelo, «ya que no altera la condición de zona verde de dicho espacio». Y así propone negociar la creación de un aparcamiento de 80 plazas bajo rasante para aprovechar la inversión pública realizada y evitar tener que afrontar el coste del derribo de la obra en superficie.

Pero hasta ahora no ha sido posible ningún tipo de acuerdo al respecto. Ayer, al conocerse la posición del rector, un portavoz de una de las comunidades de vecinos, la del número 9 de Diego de Riaño, expresaba la «enorme dificultad» de alcanzar un acuerdo extrajudicial al respecto ya que con que sólo una de las nueve comunidades recurrentes se opusiera no sería viable. En este caso algunas de las organizaciones demandantes ya ha advertido que no es viable técnicamente mantener la obra en subsuelo y restaurar la zona verde a su estado original.

El Ayuntamiento, por su parte, ha reiterado a través del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, que «acatará lo que diga la Justicia». Será pues el TSJA el que decida si la Universidad, como responsable de la obra, tiene que proceder a su demolición.

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