DIARIO DE SEVILLA/ 17/1/2013

R.P.

El Grupo Popular del Parlamento andaluz promueve una proposición no de Ley para que la Cámara autonómica respalde el nuevo proyecto de rehabilitación impulsado por el Ayuntamiento de Écija, ahora gobernado por Ricardo Gil-Toresano (PP), para el palacio de Peñaflor, construido entre 1700 y 1775, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y sometido años atrás a una infructuosa y polémica restauración que ha acabado incluso en los tribunales. Esta proposición no de Ley, además, aboga por un convenio entre "todas las administraciones" para financiar este nuevo proyecto de rehabilitación. "El Gobierno andaluz debe tomar también cartas en este asunto", avisan los populares.

La parlamentaria popular por Sevilla Alicia Martínez y la diputada nacional del PP Silvia Heredia visitaron ayer el monumento, propiedad del Ayuntamiento de Écija, en compañía del propio alcalde astigitano, el popular Ricardo Gil-Toresano.

Para resumir la historia reciente del palacio de Peñaflor, uno de los principales activos del patrimonio histórico de Écija, es necesario remontarse al año 2004, cuando el Consistorio astigitano promovió un concurso público para rehabilitar el monumento y transformarlo en un hotel de cuatro estrellas y 58 habitaciones.

Tras quedar desierto este concurso, las obras fueron finalmente encargadas a Viturse S.L. en un procedimiento negociado sin publicidad. En 2006, el Ayuntamiento entregó la correspondiente licencia de obra a la empresa adjudicataria de los trabajos, pero Viturse S.L. no abonó las tasas municipales y, en 2007, una inspección habría descubierto que la empresa había comenzado una serie de sondeos en el interior del monumento sin haber cumplido el mencionado y obligado pago. En abril de 2008, finalmente, el Ayuntamiento resolvió el contrato de Viturse S.L' dados los "incumplimientos" de la constructora adjudicataria.

En paralelo, la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, radicada en Écija, emitió de su lado un informe en el que revelaba que las obras acometidas por Viturse S.L. en el palacio de Peñaflor no se ajustaban a los requisitos de un edificio protegido por sus "agresivas" y "dudosas" actuaciones, deduciendo así que la intervención carecía de "proyecto de conservación" y supuso el incumplimiento de las leyes nacional y andaluza de patrimonio histórico.

El informe en cuestión, recogido por Europa Press, censuraba las "demoliciones parciales", el "dudoso" alzado de solerías, la "eliminación sin control de los papeles pintados" pese a remontarse algunos al siglo XIX, o el desmantelamiento "agresivo" de las chimeneas francesas de mármol. A tal efecto, esta institución advertía del supuesto incumplimiento de "un buen número de directrices y preceptos" de la Ley nacional de Patrimonio Histórico y la normativa autonómica en vigor desde 2007 para esta misma materia.

Las obras efectuadas por Viturse S.L., de hecho, fueron objeto de una investigación incoada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Écija con la imputación de Antonio L.T., quien fuera gerente de esta empresa en cuestión.

Pues bien, tras visitar el monumento, Alicia Martínez, Silvia Heredia y el alcalde astigitano han presentado una proposición no de Ley que los populares defenderán en la Cámara autonómica para el palacio de Peñaflor. Esta proposición no de Ley, recogida por Europa Press, parte del "preocupante abandono" que sufre el palacio y atribuye a la Administración andaluza una presunta y "evidente inacción" en el reciente devenir del monumento "como garante del patrimonio histórico andaluz". En ese sentido, el texto defiende el nuevo proyecto promovido ahora por el Consistorio astigitano para restaurar el palacio e instalar en él la casa de la cultura, el conservatorio de música elemental y la escuela de idiomas.

Así, la proposición no de Ley reclama un respaldo institucional a este proyecto y la negociación de un convenio entre las administraciones local, autonómica y estatal para financiar las obras de restauración conforme al diseño del Ayuntamiento, que tiene un coste aproximado de 11 millones de euros.