DIARIO ABC DE SEVILLA-ALBERTO GARCIA REYES-02.03.2018

En el escándalo de los ERE de la Junta de Andalucía, uno de los mayores de la historia de España por el volumen de dinero distribuido irregularmente, se ha extendido la idea de que no ha habido lucro personal por parte de los responsables políticos y que sólo se trata de un modelo ilegal para la concesión de ayudas ideado por el gobierno del PSOE para lograr la paz social en Andalucía. Las defensas de los procesados han derivado el caso a asuntos excesivamente técnicos, como las llamadas transferencias de financiación –que es como se denomina el proceso administrativo de concesión del dinero- y otros conceptos bastante farragosos para la opinión pública. Y con esa estrategia han desviado la atención hacia las antípodas del verdadero fraude que se ha cometido en la Junta durante más de una década. La realidad pura y dura es que sí hubo enriquecimiento por parte de los principales procesados, en unos casos de manera directa y en otros de forma indirecta.

El sumario del caso desvela un sinfín de beneficiarios de estas ayudas que tienen conexiones familiares con quienes las concedían, además de nexos políticos o de amistad. La clave de los ERE no sólo está en que se otorgaban subvenciones saltándose todos los procedimientos legalmente establecidos de publicidad y libre concurrencia, lo que permitía a la Junta dar el dinero a su capricho esquivando todos los controles. También está en que un altísimo porcentaje de las empresas y personas que recibieron las ayudas forman parte de la telaraña clientelar del PSOE: eran familiares, militantes o simpatizantes.

Uno de los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que han llevado a cabo la investigación lo declaró de manera muy nítida en el juicio: «Las ayudas eran opacas y se daban por vecindad, amistad o afinidad política». El agente incluso profundizó: entre los agraciados «hay muchísimos alcaldes socialistas» que se beneficiaron electoralmente en sus pueblos de este riego indiscriminado de dinero y muchos familiares directos de los políticos, mientras que «era imposible que un empresario cualquiera de una almazara de Jaén pudiera conocer» las subvenciones y solicitarlas.

En los ERE hubo una red de conexiones internas que atrapó al menos un tercio del dinero supuestamente destinado a solucionar los conflictos laborales de las empresas andaluzas. Dicho de una manera más clara: se formaron clanes. Familias enteras de socialistas cobrando prejubilaciones de compañías en las que no habían trabajado nunca, empresas de antiguos concejales recibiendo una lluvia de millones, municipios gobernados por el PSOE que obtenían inyecciones económicas que no tenían que justificar... Los dos expresidentes de la Junta implicados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, estaban al tanto de todo esto porque los interventores alertaron de cuanto estaba sucediendo y porque acudieron a algunos municipios a atender a los sindicatos y aparecen en fotos junto a los conseguidores.

Consejeros como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Antonio Fernández están en el centro de todo el entramado y beneficiaron a personas de sus respectivos entornos... ABC ha ordenado todos los atestados policiales en los que se detallan las relaciones personales del caso y ha sumado la factura de todas las ayudas destinadas a amigos y familiares. Los datos son muy claros: hay al menos 8 clanes que se traducen, entre prejubilados sin derecho y receptores directos de subvenciones, en 18 parientes, 85 militantes socialistas y 17 amigos declarados de los políticos. En total, 120 personas o empresas del entorno del Gobierno y 127 millones de euros en sus cuentas corrientes, aparte de las comisiones pagadas a las mediadoras y conseguidores, que duplican la cifra y que resumió de la forma más ilustrativa la madre del intermediario Juan Lanzas en su declaración ante la Guardia Civil: «Mi hijo tiene dinero para asar una vaca».

Coincidiendo con el inicio del curso judicial y la reactivación del juicio de los ERE a partir de mañana, este periódico desgranará cada uno de los ocho clanes en los próximos días con todos los detalles sobre parentescos y relaciones de afinidad o amistad. Pero, de entrada, aquí va un avance.

Clan de la Sierra Norte
Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo
Este clan tiene dos responsable políticos a la cabeza. Por un lado actuaba el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que fue quien bautizó la partida de los ERE como «fondo de reptiles» en su primera declaración policial. Guerrero había sido alcalde de la localidad sevillana de El Pedroso, situada en la Sierra Norte. Por otro lado operaba José Antonio Viera, consejero de Empleo de la Junta que tenía una casa en la zona. La Guardia Civil los señala directamente en todos sus atestados como manijeros de todas las subvenciones que se repartieron por esta comarca. Todos los beneficiarios tenían relaciones directas con ellos. Guerrero metió a su suegra en un ERE. Viera tenía a su hija trabajando en la empresa de dos exconcejales socialistas que obtuvieron ayudas millonarias. Al menos cinco familiares directos, seis militantes del PSOE y cinco amigos fueron agraciados con esta lotería. En total, repartieron entre sus conocidos 56.401.307 euros. De hecho, su condición de benefactores era motivo de conversación en los bares. Todos los investigados declararon ante los agentes lo mismo sobre cómo conocieron las ayudas: «Se rumoreaba por el pueblo».