promo

Síguenos en Twiter

Banner
Banner

Mie

01

Jul

2009

Una batalla por el patrimonio histórico a 178 metros de altura PDF Imprimir E-mail

El edificio de 178 metros de altura promovido por Cajasol y defendido por el alcalde Monteseirín ha logrado lo que parecía imposible a estas alturas: generar la respuesta intelectual y ciudadana que muchos habían echado de menos en largos años de ‘impunidad’.

 

Ese movimiento contrario a la Torre Cajasol tiene la próxima semana un examen importante. Concidiendo con la reunión en Sevilla del Patrimonio Mundial de la Unesco, sus integrantes van a desplegar una intensa actividad para tratar de conseguir un posicionamiento de este organismo internacional, responsable de otorgar y retirar la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

El objetivo último no es despojar a Sevilla de su declaración internacional –que afecta al triángulo formado por el Real Alcázar, el Archivo de Indias y la Catedral–, sino que la advertencia de la Unesco lleve a los responsables municipales y de Cajasol a replantearse el proyecto.

En las últimas semanas, la plataforma de asociaciones contrarias a la construcción del edificio ha dado un paso determinante al llevar el asunto a las instancias europeas. Por un lado, la plataforma ha interpuesto una queja ante la Unión Europea; por otro, se ha denunciado ante el secretario general del Consejo de Europa.

El argumento, en ambos casos, es el incumplimiento del Convenio Europeo del Paisaje, suscrito por España y que entró en vigor en marzo de 2008. El documento obliga a las administraciones públicas, entre otras cosas, a «definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a su protección, gestión y ordenación»; y a «integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica».

Otra posibilidad de plantear batalla al rascacielos la ofrecen los tribunales de lo Contencioso Administrativo. La plataforma se había mostrado hasta ahora cauta en este sentido, pero la reciente sentencia el TSJA declarando ilegal la biblioteca del Prado de San Sebastián ha abierto la vía judicial también para este caso. «El rascacielos ni siquiera ha tramitado un estudio de impacto visual, por lo que la licencia de obras debería ser nula», explica el arquitecto Fernando Mendoza, portavoz del Manifiesto.

 
Informacion