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Mar

14

Jul

2009

El TSJA dictacuatro sentencias más contra la Biblioteca del Prado PDF Imprimir E-mail

No por esperado es menos abrumador. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) notificó ayer cuatro sentencias sobre la construcción de la biblioteca general de la Universidad de Sevilla en terrenos de los Jardines del Prado en el mismo sentido que la dada a conocer el pasado día 16 de junio. Es decir, el TSJA vuelve a pronunciarse contra las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permiten la construcción del edificio diseñado por Zaha Hadid en el lateral del parque del Prado que da a la calle Diego de Riaño, según informaron a ABC fuentes del bufete Molina Lamothe y Asociados.

 

Es la respuesta de la justicia al movimiento ciudadano que han encabezado comunidades de propietarios de zonas aledañas al jardín. Así, si la primera sentencia que salió fue la presentada por la comunidad del edificio Diego de Riaño número 9, los cuatro fallos que se comunicaron ayer responden a los pleitos iniciados por las comunidades de propietarios de Infante Don Carlos números 13 y 16, Diego de Riaño 11 y Ciudad de Ronda 10, que ven ahora reconocidos sus derechos frente a las pretensiones de la Consejería de Obras Públicas de la Junta, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla, que figuran como codemandados.

Las sentencias notificadas ayer son iguales entre sí e idénticas a la primera que ganó Diego de Riaño nº 9 y, según fuentes del bufete Molina Lamothe, vienen a confirmar el sentido de esa primera, que fue muy celebrada por los vecinos incluso con un acto público en el Parque del Prado.

Además, los vecinos están pendientes de que se les notifique el resultado de otras cuatro demandas igualmente en contra de la calificación de los terrenos del Prado como equipamiento de uso educativo y, por tanto, negando la viabilidad de la biblioteca universitaria.

El razonamiento jurídico de estas sentencias centra su argumentación en el principio de sostenibilidad o de desarrollo sostenible, consagrado por el Derecho Comunitario europeo y asumido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua) y por el Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal. De este modo el pronunciamiento del TSJA considera que «no puede considerarse justificada» la nueva calificación de la franja oriental del Parque como equipamiento de uso educativo, reconociendo el acierto y validez del planeamiento urbanístico anterior y, concretamente, del Plan Especial de Protección de 1994 (derogado por el nuevo PGOU), que permitió recuperar el Prado para uso y disfrute de los ciudadanos, liberando su espacio central de amenazas rentabilizadoras o especuladoras.

En este sentido, la Sala señala que «los planificadores anteriores reservaron el terreno como parque, dentro del concepto de espacio general, lo que supone como reserva de terreno una acertada coherencia y racionalidad en el desarrollo urbanístico de la ciudad», que «en modo alguno puede ser variada por una revisión posterior de la planificación general que no se justifica».

El fallo declara que la calificación de la parcela como equipamiento de uso educativo no se justifica, porque «permite la edificación en un espacio libre Parque Urbano-Sistema General» y «la realidad de los hechos demuestra que se ha procedido a la limitación de un parque, que como tal no puede ser objeto de limitación, disminución, cercenación, debilitamiento, empequeñecimiento». Por tanto, según la Sala, la decisión adoptada por la Administración «no tiene coherencia, racionalidad ni lógica alguna en sí misma ni con los hechos determinantes, que ha de reiterarse, suponen la disminución de un parque integrado en un sistema general coherente y racional con el desarrollo urbanístico de la ciudad, por lo que la calificación no se justifica con la realidad de los hechos».

Los fundamentos de la sentencia analizan exhaustivamente los contenidos de la Memoria de Ordenación del nuevo PGOU de Sevilla, destacando su apuesta por el desarrollo sostenible, afirmando que «no se compadece la calificación de equipamiento de uso educativo con las exigencias de protección del medio ambiente que se desprenden del artículo 45 de la Constitución». En este sentido, la Sala sostiene que «la limitación del parque como zona verde, supone añadir un plus de irracionalidad e incoherencia a la revisión impugnada».

La resolución afirma que «al existir diferentes opciones de ubicación de la edificación, la opción elegida queda lejos de ser la más coherente y racional en el espacio urbanístico y en el medio ambiental». De aquí concluye que «la calificación de equipamiento de uso educativo no puede entenderse que suponga una correcta y racional estrategia de desarrollo sostenible».

En la parte que corresponde a la Universidad, el TSJA considera que, con la estimación del recurso, «los intereses educativos no sufren merma en su consideración y planificación, pues la Administración reconoce la existencia de lugares alternativos para la ubicación y edificación de la Biblioteca».

Además, la Sala señala que «la calificación de equipamiento de uso educativo no favorece los intereses generales de la ciudad que supone el parque público, antes al contrario los debilita en un claro retroceso para favorecer intereses educativos universitarios que no pueden primar sobre los generales, máxime cuando los intereses educativos que representa la construcción de la Biblioteca de la Universidad pueden perfectamente satisfacerse con otras opciones discrecionales reconocidas por la Administración, lo que supone la arbitrariedad de la calificación elegida».

 
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