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2019

El PSOE no ejecutó ni la mitad de las inversiones autonómicas en Andalucía PDF Imprimir E-mail

ABC SEVILLA-ANTONIO R. VEGA-06.03.2019

La Junta de Andalucía no llegó a gastar ni la mitad del dinero consignado para inversiones en ese voluminoso libro de prioridades que son los presupuestos. Lo dice la Cámara de Cuentas de Andalucía, un órgano fiscalizador poco sospechoso de catastrofista, en un informe donde analiza las últimas cuentas liquidadas de la Junta de Andalucía, correspondientes al ejercicio 2017.

Este documento, que fue entregado ayer a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, no muestra una radiografía favorecedora de la gestión económica del anterior Gobierno de Susana Díaz. Según la Cámara de Cuentas, «el capítulo con un menor grado de ejecución ha sido el de inversiones reales». La Administración sólo ejecutó el 49,3 por ciento del capítulo dedicado a realizar obras y proyectos que tienen una repercusión más directa en el ciudadano en términos de creación de empleo. La Junta disponía de un crédito definitivo de 997,55 millones de euros, pero sólo gastó 491,74 millones. No fue capaz de gastar más de la mitad del presupuesto para inversiones que manejaban las consejerías: casi 506 millones de euros.Lo positivo es que el año anterior la Junta fue aún más incumplidora: en 2016 sólo había ejecutado el 45,85%.

El informe destaca la diferencia entre el grado de cumplimiento de las inversiones y el del resto de los capítulos de gastos
El informe, que analiza la herencia que deja el PSOE en su penúltimo ejercicio antes de perder la Junta de Andalucía, destaca la diferencia entre el grado de cumplimiento de las inversiones y el del resto de los capítulos de gastos que componen el presupuesto. Personal, gastos de funcionamiento, transferencias para mantener las agencias y fundaciones y pasivos financieros, muestran un nivel de ejecución por encima del 92 por ciento.

De las múltiples lecturas que tenía este informe, el PSOE se quedó con las grandes cifras sin bajar al detalle. En una rueda de prensa, el delegado de Universidades del PSOE andaluz y anterior consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, sacó pecho por su gestión: el informe fiscalizador refleja el «elevado nivel de ejecución y de pago» porque «los presupuestos de la Junta se elaboraban y ejecutaban con rigor».

Sin embargo, la auditoría revela, por ejemplo, que la Junta persiste en los mismos errores año tras año. De las 31 recomendaciones que incluyó en su anterior informe, sólo tres se habían aplicado en su totalidad. El 42% cayeron en saco roto.

Una de estas recomendaciones recurrentes son los llamados libramientos pendientes de justificar de la Junta de Andalucía y sus agencias. Es decir, los pagos que ha realizado la Administración sin que el destino esté debidamente acreditado mediante las correspondientes facturas. El mayor montante son subvenciones. La Junta cerró 2017 con 1.934,37 millones de euros en fondos sin justificar. De tan elevada cuantía, 903,18 millones de euros corresponden a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que en 2013 inició una revisión de oficio de las subvenciones repartidas entre entidades públicas y privadas para impartir cursos de formación. Como consecuencia, tramitó 1.750 expedientes de reintegro para la devolución de 149 millones de euros que no se destinaron a los fines previstos. La Cámara destaca que la mayor parte de los fondos sin justificar «presentan una antigüedad elevada». En total 1.708 millones se acumulan desde ejercicios anteriores a 2017. Hay pagos sin justificar desde el año 1987, si bien el mayor crecimiento se inició en 2006.

Acreditar los fondos
Aunque hay una disminución respecto a 2016, el ente fiscalizador recomienda obligar a los beneficiarios a acreditar los fondos y a los órganos gestores a agilizar las comprobaciones de la documentación justificativa. Recuerda que debe tramitar los reintegros de las cantidades no justificadas debidamente porque, en caso de no hacerlo, puede prescribir el derecho para que sea devuelto el dinero y caducar los reintegros ya iniciados.

La comunidad autónoma de Andalucía incumplió la regla de gasto en 2017, al alcanzar el 3,1% frente al 2,1% fijado. Es decir, la Junta superó el límite de gasto que venía impuesto por el Gobierno central, que se establece en función del crecimiento potencial que va a tener su economía. En su informe, la Cámara señala que la Administración andaluza adeudaba 3.125,6 millones de euros al Estado por el saldo negativo de las liquidaciones del sistema de financiación autonómica.

El órgano fiscalizador confirma, como adelantó ABC, la existencia de facturas «pendientes de pago» por un importe total de 1.073,15 millones de euros, correspondiendo 436,26 millones a la Junta de Andalucía y 636,89 a las distintas agencias. La mayoría de facturas en los cajones provenían del Servicio Andaluz de Salud, con 607,13 millones de euros, porque tenía una financiación insuficiente.

 
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