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Mar

11

Ene

2011

EL AYUNTAMIENTO NO ES CAPAZ DE JUSTIFICAR ANTE EL JUEZ LAS FACTURAS DEL CASO UNIDAD PDF Imprimir E-mail
Un informe remitido por el interventor general del Ayuntamiento de Sevilla al juzgado de Instrucción 14, que investiga el caso Unidad, reconoce que no puede justificar, al menos, siete de las subvenciones en las que están reflejadas algunas de las facturas sospechosas sobre las que el juez había solicitado información. En algunos casos, el informe admite que las delegaciones municipales competentes en las subvenciones otorgadas a la Federación de Asociaciones de Vecinos «La Unidad», no han contestado a los requerimientos de información, «no encuentran los justificantes», o reconocen, que no está justificado el expediente.
Se trata de facturas supuestamente falsas o duplicadas, según la denuncia que aportó a la causa el PP, emitidas entre los años 2001 y 2004 por la copistería Copyur y facturadas por la federación vecinal. El juez interesó al Ayuntamiento y a la Diputación, administraciones que otorgaron subvenciones a Unidad, la localización de las mismas en algún expediente de cuentas justificativas de las subvenciones correspondientes.
Sin embargo, en la respuesta del Interventor municipal que consta ya en el Juzgado, se informa al instructor de que entre los años 2004 y 2007 se remitieron a las distintas delegaciones municipales las justificaciones contenidas en los expedientes que ahora son motivo de la investigación y que el Servicio de Secretaría de Alcaldía, «dependencia en la que se encuentraba centralizada toda la documentación relativa a este proceso», solicitó en su día a esas delegaciones municipales informe sobre los expedientes justificativos. Según estos informes, la delegación de Medio Ambiente «no encuentra justificante» a una subvención de 9.616 euros de 2001; el mismo motivo argumenta la delegación de Participación Ciudadana sobre el justificante para dos entregas de 18.030 y 15.750 euros. La misma delegación reconoce que se renunció a otra subvención de 2004 en la que están interesadas facturas que investiga el Juzgado. Por su parte, Educación nos ha contestado a la petición, a pesar de que tendría que saber cómo se justifica la factura de un expediente de subvención de 89.000 euros. La delegación de Juventud tiene pendiente de justificar desde 2005 otra subvención de 15.750 euros y «no están justificados» otros dos expedientes del Distrito Macarena y Presidencia.
Imputados
La investigación de estas facturas es muy importante en el actual momento procesal del caso, ya que son algunas de las que el PP aportó para mantener la imputación de responsables municipales en la causa. En septiembre, el juez decretó a instancias de la Fiscalía el sobreseimiento de la imputación del que fuera asesor del Grupo Municipal del PSOE y hombre de confianza del alcalde, Domingo Enrique Castaño, y del ex concejal de Vía Pública, y también ex presidente de Unidad, el socialista Manuel Gómez Lobo. Lo mismo hizo con otros imputados, como la ex trabajadora de la federación vecinal Susana D.V., y los responsables de la copistería «Copyur», Juan José G.V. y María del Carmen M.N.. Según aquel auto, sólo quedaban imputados en la causa la ex presidenta de «Unidad», Ángeles Nevado; su marido, Ángel Cervera, y la trabajadora de la federación vecinal Josefa Prado, a la que supuestamente se remitió el fax que dio origen al caso en el quepresuntamente desde el Grupo Municipal Socialista se daban instrucciones para el desvío de fondos de una factura, extremo que investiga el Juzgado.
Sin embargo, tras estudiar el recurso del Partido Popular, personado en la causa, a finales de octubre el juez anuló el auto de sobreseimiento y decidió continuar la tramitación del procedimiento como diligencias previas hasta completar la fase de instrucción. Con lo que se mantiene la situación de todos los imputados inicialmente.
La factura 759 podría estar triplicada
La Diputación también ha remitido información al juzgado sobre las facturas procedentes de la copistería Copyur facturadas a la federación de Asociaciones de vecinos «Unidad» incluida en los expedientes de subvenciones de la institución provincial entre los años 2011 y 2004. En este sentido, el interventor de la Diputación adjunta dos facturas por valor de 1.023 y 2.517 euros.
Añade la Diputación un tercer documento, que puede resultar igualmente revelador en el caso. Se trata de la una fotocopia sin compulsa de la factura 759, por importe de 1.700,86 euros, a la que supuestamente se refiere el fax que dio origen al caso, en el que presuntamente se daban instrucciones a la federación desde el Grupo Municipal Socialista sobre qué hacer con el dinero. El fax «para Pepi», en este caso la que fuera trabajadora de Unidad Josefa Prado, también imputada, hacía un desglose del «gasto real» (814,30 euros) y recomendaba a su destinataria «preparar un Sobre con 1.218,90 euros y mandar al Ayuntamiento con Susana. Resto a Caja Fuerte».
Ya se investigó la duplicidad de esta factura abonada tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación, que ahora la aporta. Sin embargo, la citada factura 759 consta en el libro de asiento diario de la copistería con otro destinatario, concretamente «Andrés Codina Delgado», según obra en la documentación en poder del Juzgado de Instucción 14. Podría, por tanto, tratarse de una factura triplicada.

Facturas sospechosas, subvenciones no documentadas

 
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