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Mar

11

Ene

2011

EL AYUNTAMIENTO NO ES CAPAZ DE JUSTIFICAR ANTE EL JUEZ LAS FACTURAS DEL CASO UNIDAD PDF Imprimir E-mail
Ayuntamiento
La investigación de estas facturas es muy importante en el actual momento procesal del caso, ya que son algunas de las que el PP aportó para mantener la imputación de responsables municipales en la causa. En septiembre, el juez decretó a instancias de la Fiscalía el sobreseimiento de la imputación del que fuera asesor del Grupo Municipal del PSOE y hombre de confianza del alcalde, Domingo Enrique Castaño, y del ex concejal de Vía Pública, y también ex presidente de Unidad, el socialista Manuel Gómez Lobo. Lo mismo hizo con otros imputados, como la ex trabajadora de la federación vecinal Susana D.V., y los responsables de la copistería «Copyur», Juan José G.V. y María del Carmen M.N.. Según aquel auto, sólo quedaban imputados en la causa la ex presidenta de «Unidad», Ángeles Nevado; su marido, Ángel Cervera, y la trabajadora de la federación vecinal Josefa Prado, a la que supuestamente se remitió el fax que dio origen al caso en el quepresuntamente desde el Grupo Municipal Socialista se daban instrucciones para el desvío de fondos de una factura, extremo que investiga el Juzgado.
Sin embargo, tras estudiar el recurso del Partido Popular, personado en la causa, a finales de octubre el juez anuló el auto de sobreseimiento y decidió continuar la tramitación del procedimiento como diligencias previas hasta completar la fase de instrucción. Con lo que se mantiene la situación de todos los imputados inicialmente.
La factura 759 podría estar triplicada
La Diputación también ha remitido información al juzgado sobre las facturas procedentes de la copistería Copyur facturadas a la federación de Asociaciones de vecinos «Unidad» incluida en los expedientes de subvenciones de la institución provincial entre los años 2011 y 2004. En este sentido, el interventor de la Diputación adjunta dos facturas por valor de 1.023 y 2.517 euros.
Añade la Diputación un tercer documento, que puede resultar igualmente revelador en el caso. Se trata de la una fotocopia sin compulsa de la factura 759, por importe de 1.700,86 euros, a la que supuestamente se refiere el fax que dio origen al caso, en el que presuntamente se daban instrucciones a la federación desde el Grupo Municipal Socialista sobre qué hacer con el dinero. El fax «para Pepi», en este caso la que fuera trabajadora de Unidad Josefa Prado, también imputada, hacía un desglose del «gasto real» (814,30 euros) y recomendaba a su destinataria «preparar un Sobre con 1.218,90 euros y mandar al Ayuntamiento con Susana. Resto a Caja Fuerte».
Ya se investigó la duplicidad de esta factura abonada tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación, que ahora la aporta. Sin embargo, la citada factura 759 consta en el libro de asiento diario de la copistería con otro destinatario, concretamente «Andrés Codina Delgado», según obra en la documentación en poder del Juzgado de Instucción 14. Podría, por tanto, tratarse de una factura triplicada.

Facturas sospechosas, subvenciones no documentadas

 
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