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May

2021

La Fiscalía responsabiliza al Ayuntamiento de Sevilla por su «inacción» ante Magrudis, foco de la listeriosis Imprimir
Alcaldía

Abc Sevilla / 29/04/2021

Antonio R. Vega

Año y medio antes de que la pandemia del Covid convulsionara nuestra forma de vida, el brote de listeriosis asociado a la carne mechada contaminada por listeria monocytogenes y fabricada por Magrudis S.L. era la referencia más reciente que había de una crisis sanitaria a gran escala. La intoxicación alimentaria asociada al consumo de la carne de «La Mechá» colapsó tres hospitales de Sevilla, afectó a 217 personas, causó tres muertes y siete abortos en el verano de 2019.

Para averiguar qué fue lo que ocurrió y depurar responsabilidades se inició una instrucción judicial que sigue deparando sorpresas. La última es un escrito de la Fiscalía enviado el pasado 12 de abril a la juez Pilar Ordóñez en el que le solicita que actúe contra el Ayuntamiento de Sevilla «por responsabilidad patrimonial» debido al control «deficiente» que ejerció sobre las empresas de Sevilla Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. que producían una carne mechada que concentraba hasta 149.900 veces más listeria del límite de contaminación tolerable.

«El Ayuntamiento deberá asumir las consecuencias de su inacción» en el control de la industria cárnica
El Consistorio, que tenía la competencia en seguridad alimentaria en la capital hispalense, «deberá asumir las consecuencias de su inacción, acción deficiente y acción tardía, por cuanto supone de funcionamiento normal o anormal de un servicio público y la trascendencia en el resultado producido», advierte la fiscal en su escrito.

De ser aceptada su petición, el Ayuntamiento tendría que responder con cargo a sus arcas por la cascada indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, además de las citadas mercantiles y de la aseguradora con la que contrataron la póliza.

El Ministerio Público solicita que se archive la imputación contra la veterinaria del Ayuntamiento, M.J.O.B., que inspeccionó la sede de Magrudis en julio de 2017 y «no vuelve allí hasta que salta al alerta sanitaria el 16 de agosto de 2019», según declaró esta funcionaria en el Juzgado. Las inspecciones realizadas «no salvaguardaban la debida vigilancia sobre el establecimiento que elabora productos cárnicos y se limitan a realizar supuestas verificaciones visuales y sobre documentación», detalla la fiscal.

La fiscal exculpa a la veterinaria municipal y a los empresarios que vendían la carne con marca blanca
Magrudis tenía contratado un sistema de autocontrol que incluía la recogida de muestras, su análisis en un laboratorio y en caso de que fueran positivas, debería haberlo comunicado a las autoridades sanitarias. Pero José Antonio Marín Ponce, que dirigía Magrudis, lo ocultó «deliberadamente» cuando en febrero de 2019, meses antes de salir a la luz el brote, un laboratorio detectó que un lote de carne estaba infectada.

«La actuación del Servicio de Inspección Veterinaria del Ayuntamiento fue, sin duda, deficiente». La Fiscalía, empero, exime de responsabilidad penal a la veterinaria debido a «la falta de medios» del servicio y «la sobrecarga de trabajo», toda vez que había sólo nueve veterinarios oficiales para todo el distrito de Sevilla. Con semejante dotación, «es evidente que nunca podrá hacerse según las exigencias de la normativa sanitaria», afirma. El Ayuntamiento también falló en el control de las autorizaciones. Magrudis presentó una declaración responsable en la que «se da apariencia de legalidad a una actividad clandestina», puesto que carecía de licencia cuando estaba produciendo y vendiendo carne. El proyecto que acompaña la petición de licencia tenía un «contenido ficticio» y adaptado por un arquitecto «a las demandas de su cliente». Una funcionaria declaró que el expediente de Magrudis se metió en una caja y no fue registrado en su momento.

La Fiscalía también libra de responsabilidad al arquitecto y a los dos administradores de Comercial Martínez León, que compraba productos de Magrudis y los etiquetaba como marca blanca. Considera que ambos empresarios ignoraban las condiciones de sanidad «deficitarias» de la fábrica.