DIARIO DE SEVILLA / 6/5/2013

JOAQUIN EGEA

ONCE años más tarde de la crucifixión de Jesucristo, el Senado romano se reunía para debatir y luego emitir una resolución. El problema era muy grave: los patricios y comerciantes adinerados estaban construyendo segundas viviendas en el campo y a orillas del mar y llevándose a ellas mosaicos, esculturas, columnas… El patrimonio monumental de Roma estaba en peligro. 

Los especuladores, además, de acuerdo con los constructores, dejaban arruinar sus propiedades para construir un mayor número de plantas y arrendarlas. Cuenta el documento hallado en Herculano que el Senado decidió imponer graves penas a vendedores y compradores, pero parece que no sirvió mucho porque hasta el siglo III, comienzo de la decadencia romana, se reiteran normas imperiales o senatoriales en el mismo sentido. 

Diecinueve siglos más tarde, el 12 de septiembre de 1964, un Decreto de Franco declara Conjunto Histórico Artístico al Casco Antiguo de Sevilla así como otros edificios fuera del mismo; entre ellos, especialmente, el Hospital de San Lázaro. 

Con este Decreto se pretendía conciliar "la defensa y protección" de las zonas del conjunto urbano que la merecen, no limitando "la expansión de la ciudad por otros ámbitos y lugares". En resumen: conservación del casco histórico e innovación y progreso en la nueva Sevilla (que hoy en día supone el 80% del conjunto urbano). 

Igualmente de lo sucedido en Roma casi dos milenios antes, las leyes que protegían el casco histórico de Sevilla no han servido para nada, ni los planes y normas posteriores hasta la actualidad. 

Se cumplió lo que el gran arquitecto e historiador del arte, Fernando Chueca Goitia, escribió sobre la destrucción del legado urbanístico español en 1976: "Jamás hemos oído de labios de Franco una sola palabra que revelara la mínima preocupación por nuestro pasado monumental, artístico y cultural" y sigue diciendo en referencia al nuevo tiempo democrático que se abría en aquellos años: "Suspenderíamos este juicio adverso si la España que ahora comienza a sentir anhelos de regeneración democrática cae en los mismos pecados de la Dictadura". 

Y caímos, los jóvenes a los que Chueca Goitia encargaba el futuro del Patrimonio español y por ende del sevillano, aquellos jóvenes arquitectos, políticos, urbanistas, críticos, con razón, con el Pryca, con la expulsión de los vecinos de sus barrios tradicionales, con la venta de palacios sustituidos por infames construcciones (véase el caso del Núcleo los Azahares en San Andrés o el palacio del Conde de Águila en Montesión) o grandes almacenes (Corte Inglés o Lubre), con la destrucción de barrios enteros como el de San Julián, ahora daban justificación democrática a la destrucción del Colegio de los Escolapios o el Palacio de los Tavera, y expulsaban a sus habitantes del barrio de San Luis o San Bernardo, ejemplo ambos de la venalidad y osadía de la reconvertida progresía que aceptaba, como un hecho consumado, la especulación, con dos nuevos ingredientes: el divismo y la demagogia (la ciudad sostenible, la ciudad de las personas…) 

Para lavar sus conciencias y justificar lo que es puro negocio, se hablaba y se habla de la pobreza de los materiales de nuestras casa de los siglos XVII o XVIII, del fantasma del paro, de querer hundir el comercio del casco histórico, mientras se gasta a raudales el dinero público en restauraciones faraónicas como la del Palacio de San Telmo y a menor escala en las Iglesias de San Andrés, San Vicente o San Bartalomé, o en proyectos de papel envueltos en una falsa modernidad como el de las Setas. Todo ello se adorna con el negocio de las excavaciones arqueólogicas y estudios paramentales que han puesto de moda el ladrillo visto tan del gusto de los propietarios de restaurantes y bares. 

Como es lógico, los males que hemos señalado en la conservación del Conjunto Histórico han afectado de igual forma a los monumentos fuera del mismo, como la antigua leprosería de San Lázaro, fundada, según la tradición, por Fernando el Santo, por lo tanto en los mismos orígenes cristianos de nuestra ciudad. 

Aprovechando los cimientos de una torre musulmana, se levanta este edificio gótico muy remozado en el siglo XVI, con una magnífica fachada renacentista, para celebrar la boda del emperador Carlos I con la que sería su esposa Isabel de Portugal ya que camino del Alcázar pasarían delante de él. Cuenta además el templo con un retablo del gran pintor sevillano Villegas y Marmolejo, cuyos restos reposan en la Iglesia de San Lorenzo. En 1998 se cerraba al culto y, con la indiferencia del Arzobispado y de la Junta de Andalucía, se convertía en almacén mientras se degradaban sus paredes y cubiertas por el nulo mantenimiento. Nada sabemos sobre las obras de arte que existían en su interior; desde hace muchos años se niega la visita y, a pesar de las reclamaciones de distintas asociaciones a la Consejería de Cultura, nada ha obligado a su propietario: la Diputación de Sevilla -y actualmente parece ser la Consejería de Salud- a efectuar las obras que las leyes obligan a cualquier ciudadano de conservación del edificio. 

San Lázaro, como Santa Catalina, como el Convento de San Agustín, son ejemplos evidentísimos de cómo las leyes en esta ciudad, en este país, están para incumplirlas, especialmente por los mismos que las dictan: el poder político. 

La regeneración de esta ciudad, el progreso, necesita "un Comité de Salud Pública formado por poetas, por artistas, por intelectuales, por amantes de la ciudad, de su espíritu, de su tradición, aunque no sea más que para protestar, para clamar en el desierto. Que escriban en los periódicos, con energía, sin timidez, que exijan el cumplimiento de su deber a las autoridades, y que arrastren el sambenito de idealistas, de nostálgicos" de carcas, con el orgullo de no estar sometidos a la memez y al interés de los lacayos del poder, tal como nos pedía en 1976 Chueca Goitia.