|
|
ABC SEVILLA / 21/5/2014
AMALIA .F. LÉRIDA
Las consecuencias, incluso penales, que pueden derivarse si no se acata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2013 según la cual muchas determinaciones del Pgou de Sevilla no se adecúan a la Ley de Patrimonio Histórico es el tema principal de unas jornadas que ayer se iniciaron en el Colegio de Abogados de Sevilla y que continuarán mañana jueves.
Organizadas por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artistíco de Andalucía (Adepa), el encuentro trata de reflexionar sobre la adecuación de los Planes de Protección a dicha Ley y de analizar el auto de ejecución de esa sentencia que Adepa tuvo que pedir porque la Administración hacía caso omiso.
Álvaro López- Masjuán García, abogado de la asociación, dijo a ABC que esperan que la Administración —«hasta ahora ha dado licencias arbitrariamente supeditadas a la ocurrencia de un arquitecto o a ciertas operaciones para dotar a Sevilla de modernidad»—, acate la sentencia y la Ley «porque si va a continuar suscitando recursos vía judicial nosotros vamos a ir a por todas». Criticó que la Ley de Patrimonio es «papel mojado» que «las Setas están fuera de la legalidad en cuanto a alineación, volumetría, edificabilidad e imagen urbana y aseveró en la inauguración de las jornadas que «cuando los criterios partidistas de las administraciones estén supeditados a la Ley habrá democracia». En este acto también intervino. entre otros, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y secretario de Hispania Nostra, Javier García Fernández, que disertó sobre los planes especiales de protección y las leyes de patrimonio y el abogado Manuel del Valle Arévalo que fuera alcalde de Sevilla entre 1983 y 1991.
Del Valle analizó el papel del político ante el planeamiento urbano de las ciudades históricas y el control de la legalidad pero, sobre todo, dejó muchas pregunta en el aire. Así, cuestionó qué prioridades establece un político, entre sanidad, educación, transporte, mantenimiento del viario y conservación del patrimonio, cuando es quien tiene que «administrar recursos escasos para cubrir necesidades superiores»,
También se preguntó dónde empieza la obligación de conservar de la Administración y dónde acaba la responsabilidad del propietario de los inmuebles para después sugerir si no sería mejor una «addenda» localista a una buena Ley de Patrimonio de ámbito nacional en vez de 17 normativas, una por cada comunidad autónoma.
Relató que a lo largo de l a historia se han producido actuaciones sobre monumentos venerables contradictorias con el estilo originario, como es el caso de la Giralda, y afirmó, que como al calde de Sevilla, y alcalde del Pgou de 1987, contó con un gran funcionario que le hacía «todas las advertencias de ilegalidad y de que mi firma siempre iba detrás de la suya».
|
|
