Actualizado Jueves , 10-06-10 a las 07 : 27
Han terminado las obras en el Palacio de San Telmo, y se ha hecho con largas colas de sevillanos deseando conocer en qué nos hemos gastado tantos millones de euros. Parece que sólo nos queda debatir sobre su uso y reflexionar sobre su costo, pero un aspecto que no se debe olvidar es el proceso legal por el que se han autorizado y realizaron las obras. Es mi parecer que dicho proceso ha dejado claro que los deseos e intereses del poder político pueden estar por encima del cumplimiento de la legalidad y que ésta, además, puede variarse hasta acomodarse a los deseos de dicho poder.
Un breve resumen del pasado, hoy olvidado, demostrará al lector lo cierto de esta aseveración.
En mayo del 2000 el anteproyecto de obras presentado por el señor Vázquez Consuegra es rechazado por la Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura de Sevilla: «Se informa negativamente la propuesta de intervención en la zona sur, consistente en la demolición de los dos patios que hay en dicha zona. En este sentido se conservará la estructura, composición material y formal de los dos patios en dicha zona sur», todo en referencia a los patios que en 1926 construye el arquitecto José María Basterra.
Este informe negativo hará que en el 2002 el señor Vázquez Consuegra declare: «O hay que cambiar la normativa o habrá que desafectar el edificio para no transgredir la legalidad… No sé cómo se puede intervenir en San Telmo sin derribar esa arquitectura de baja calidad que contaminó el edificio». Esa arquitectura, calificada ahora de baja calidad, es la que el mismo arquitecto, en su obra «Sevilla. Cien Edificios», había alabado, años antes, como clarificadora del conjunto monumental de San Telmo.
En otra entrevista, el mismo arquitecto se atrevía a decir con respecto a los miembros de la Comisión de Patrimonio: «En esta comisión hay gente como un poeta y un mecánico, y yo no me atrevería a valorar nada en los temas de su oficio».
Pero en estos momentos, lo de menos era la prepotencia del señor Vázquez Consuegra descargando su ira contra los miembros de la Comisión o sus contradicciones sobre el valor de los patios de Basterra. Lo importante era su llamada a modificar la normativa, a cambiar la legalidad para que su proyecto fuera realizado. Más no hizo falta cambiar la normativa, no hizo falta modificar la legalidad, Vázquez Consuegra tenía a su lado al poder.
En el 2003 la Comisión de Patrimonio de Sevilla aprobaba lo que en el 2000 había negado, la destrucción de los patios de Basterra. Y ello lo hacía de acuerdo con un informe no vinculante y contradictorio, como más tarde declararían algunos de sus redactores, mientras la Dirección General de Bienes Culturales, órgano superior a la Comisión, abogaba aún por conservar los patios, ya que la obra de Basterra en 1926 dotaba al edificio «de una estructura higienista más ordenada» y respetaba «el envolvente y eje principal barroco».
Este informe de la Dirección General de Bienes Culturales, el de don Ignacio Rodríguez Tremiño, ocultado a la Comisión de Patrimonio, o el inicial de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que recordaba que San Telmo es un Bien de Interés Cultural y que, al no haber ninguna declaración de ruina total o parcial del edificio, la destrucción de los patios de Basterra era «un expolio del patrimonio artístico», además de censurar el invento del Patio de los Jerónimos o la construcción de un gran aparcamiento subterráneo, tuvieron nula influencia en la decisión final. Ésta estaba tomada: se haría el Patio de los Jerónimos y el aparcamiento y se destruirían los Patios de Basterra.
Las leyes de Patrimonio están para que las cumplan los ciudadanos, no la Administración. La declaración de Bien de Interés Cultural no sirve para nada,ni hay que respetar las aportaciones no degradantes de cada época, ni hay que declarar previamente la ruina y puedan inventarse reconstrucciones, siempre que lo ordene y mande el que está en el poder.
¿Qué nos queda? Exigir la moderación del gasto y la diversificación en las inversiones de obras patrimoniales. ¿Habría sido posible rehabilitar San Telmo con un gasto infinitamente menor? Con este criterio, tal vez junto a San Telmo, ¿se podrían haber realizado las obras de Santa Catalina o Santa María la Blanca o poner en valor el Convento de San Agustín? Y, por otra parte, darle una finalidad a este derroche de gasto, compensando al pueblo , dándole a San Telmo, junto a la función de sede administrativa de la Presidencia, la posibilidad de visitas turísticas y culturales diarias a las partes patrimoniales mejor conservadas, como el patio principal o la iglesia.
Por último, ¿no son las setas de la Encarnación otro ejemplo de despilfarro y de nulo respeto de la legalidad vigente? ¿Algún día tendremos poder de decisión los ciudadanos sobre los proyectos de futuro de nuestra ciudad?