S.L.

SEVILLA 14/04/2012

La Junta de Andalucía no quiere tener nada que ver con el avance o la hipotética paralización de las obras de la Torre Pelli, pese a que desde el Ayuntamiento de Sevilla se señala también a la administración autonómica como corresponsable en el asunto. El consejero de Cultura en funciones, Paulino Plata, subrayó ayer que la decisión sobre la continuidad de los trabajos depende del Consistorio, que «es quien dio la licencia». No obstante, indicó que la Junta «está dispuesta a colaborar en los aspectos técnicos», no de otra índole.

La decisión de hacer la torre y la concesión de licencia fu

e del Ayuntamiento, «por lo que tiene que ser éste el que tome la decisión», remarcó Plata, insistiendo en que el Gobierno andaluz «está dispuesto a colaborar, pero en los aspectos técnicos, no en los financieros que se puedan derivar de la paralización de esa obra». A juicio de Plata, «las cuestiones complejas» derivadas de la paralización de la torre podrían ser abordadas por el Ayuntamiento de Sevilla a través de «un sistema de compensación». «Las aportaciones financieras o las compensaciones económicas o de otro tipo, que creo que son las más razonables que se pueden manejar para este caso, tiene que plantearlas el propio Ayuntamiento», añadió. El PSOE municipal, por su lado, criticó la «indefinición del alcalde» como uno de los motivos por los que la Unesco puede castigar a Sevilla».

Desde el Ayuntamiento, por su lado, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, trasladó la patata caliente al ejecutivo andaluz señalando que la normativa de protección de patrimonio sitúa a la Junta como «principal garante de paisaje urbano», por lo que si se decide la paralización de la Torre Pelli «tendrán que hacer frente a sus responsabilidades». El concejal recordó que la Junta «debería haber tenido un papel relevante en la concesión de la licencia y por eso debe actuar en este sentido y velar por el interés paisajístico», añadiendo que el Gobierno regional «tiene mucho que decir, al ser la única que por ahora no ha variado su color político respecto al momento en el que se concedió la licencia». Vílchez dijo que parar la obra supondría una demanda de la promotora y el consiguiente pago de una indemnización de 200 millones «a la que el Ayuntamiento no puede hacer frente».