ABC SEVILLA / 5/4/2013

M.J.P

El Tribunal Supremo dictó el pasado 15 de marzo una sentencia que la razón a Adepa (Asociación de Defensa del Patrimonio) al considerar que el PGOU de 2006 permitió cambios en el casco histórico vulnerando la Ley del Patrimonio Histórico Español. La sentencia, que confirma otra del Tribunal Superior de Justicia de 2009, considera que numerosos artículos del PGOU son ilegales porque permitieron cambios de alineaciones, aumentos de altura, incrementos de edificabilidad y remodelaciones de edificios y espacios públicos sin que antes se hubieran aprobado planes especiales de protección en los sectores Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación, Magdalena y La Calzada-Fábrica de Artillería.

En base a esta sentencia, el incremento de altura y edificabilidad de edificios como el de la sede del PSOE en Luis Montoto, el de Novaindes en La Florida, Metropol Parasol y la Biblioteca del Prado, entre otros, habrían sido aprobados en base a una normativa ilegal. Ocurre lo mismo con el proyecto del arquitecto Vázquez Consuegra para rehabilitar las Reales Atarazanas, que se pretendió hacer sin un Plan Especial de Protección del sector.

En el caso de Metropol Parasol, se cambiaron alineaciones y aumentaron alturas en una zona del centro histórico, algo expresamente prohibidas en la Ley del Patrimonio Histório si antes no se aprubeba un plan especial de proteción del sector Encarnación.

Sede de Luis Montoto

En cuanto a la sede de PSOE en la calle Luis Montoto, se trata de un edificio protegido al que se permitió pasar de cuatro a seis alturas y se descatalogó la parte trasera de la finca, todo ello sin un plan especial en la zona de La Calzada-Fábrica de Artillería. En ese sector también se permitió aumentar una planta al edificio de La Florida, que está enfrente de la sede del PSOE de Luis Montoto. Ese edificio, hoy propiedad de Novaindes (en concurso de acreedores), tenía bajo, planta y ático, y el Ayunbtamiento le permitió bajo, dos plantas y ático.

Adepa estudiará estos días las repercusiones de la sentencia del Tribunal Supremo. Joaquín Egea, presidente de Adepa, entiene que la ejecucion de la misma supondría volver las cosas a su estado primigenio, aunque entiende que ello no será posible por el quebranto económico que ello supodría para las administraciones (¿cuánto costaría tirar las setas?) y los perjuicios económicos que ello supondrían a particulares que actuaron de buena fe.

Silvia Muñoz, letrada de Adepa, recuerda que esta es la segunda vez que Supremo nos da la razón por la vulneración sistemática de la Ley del Patrimonio Histórico Español por parte de los PGOU. En 2007, el Supremo dictó otra sentencia admitiendo la demanda de Adepa y confirmando una sentencia del TSJA de 2003, por la que se anuló el artículo 10.9 de las ordenanzas por permitir modificaciones en las alineaciones expresamente prohibidas en los artículos 20 y 21 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.

"Resulta paradójico que tengan que ser los ciudadanos los que tengan que exigir ante los tribunales el cumplimiento por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía de las leyes para protege un patrimonio que es de todos. La triste realidad es que tras 18 años de batallas judiciales nos vuelven a dar la razón, pero nuestra Sevilla está siendo destruida por la especulación", según Silvia Muñoz, para quien "las administraciones actúan por la vía de los hecho consumados porque saben que las sentencias se demoran entre ocho y diez años".