—¿Acepta IKEA reducir su edificabilidad de 149.000 a 123.000 metros cuadrados en su segunda tienda?

—Hay una confusión. IKEA plantea su proyecto inicial de 149.000 metros cuadrados de Gran Superficie Comercial. Le decimos que si fuera así, habría que modificar el PGOU y eso supone dilaciones del proyecto. Dentro del PGOU caben 123.000 metros cuadrados de Gran Superficie Comercial y el resto de Mediana Superficie Comercial. IKEA no ha renunciado a metros cuadrados, sino que ha hecho un nuevo planteamiento arquitectónico para que encaje en el PGOU.

—La multinacional exigió la SE-35 para su proyecto. ¿Hay dinero para esta ronda urbana?

—Está claro que un parque comercial como ese no es viable sin la SE-35. Ese tramo costaría 40 millones. Ya tenemos financiación externa. ¿Cómo se hará el proyecto? ¿Será público o privado? Eso tendrá que verse.

—¿Qué otro proyecto urbanístico han desbloqueado?

—El de Palmas Altas. Ese proyecto de Metrovacesa, consistente en 2.500 viviendas, estaba estancado en Urbanismo desde hace más de un año. Nosotros lo hemos desatascado y además el Ayuntamiento recibirá allí suelo donde podrá construir VPO.

—Si la Unesco decide que la Torre Pelli tiene impacto en sus bienes patrimonio de la Humanidad, ¿qué hará Urbanismo?

—La licencia está concedida conforme a Derecho, según los técnicos. El Estado informó favorablemente. También la Junta informó favorablemente o al menos no se opuso al proyecto. Si se acuerda que la torre tiene impacto no será una responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento, sino que habrá una corresponsabilidad de esas tres administraciones.

—La Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha abierto un expediente sancionador a Cajasol por no pedir autorización para hacer un rascacielos de casi 200 metros de altura.

—Si existe un problema de seguridad aérea no dudaremos en recortar la altura de la torre, pero nos lo tendría que pedir antes Seguridad Aérea.

—Pocos días antes de las elecciones, Monteseirín firmó con Cajasol un acuerdo para permutar 93.000 metros cuadrados de edificabilidad municipal a cambio de varias plantas en la Torre Pelli. ¿Se mantiene ese acuerdo?

—Hemos iniciado el procedimiento para su anulación porque no se siguió el trámite administrativo correspondiente y tenía un informe negativo del secretario municipal, y aún así el alcalde saliente lo firmó. El acuerdo permutaba una cosa cierta por algo incierto, ya que el acuerdo no especificaba siquiera los metros cuadrados ni qué plantas nos correspondían para ubicar Urbanismo.

—Si Urbanismo no va a la Torre Pelli, ¿construirá su sede en la parcela que tienen junto al rascacielos?

—No, ahora mismo no tenemos dinero para hacerlo. La idea del Gobierno es concentrar servicios municipales para ahorrar costes, dejar los alquileres e irnos a edificios municipales. Estamos viendo qué edificios tenemos y si se queda alguno libre lo venderemos para tratar de sortear la difícil situación que atravesamos.

—Las caracolas se construyeron como instalación provisional antes del 92. ¿Podrán aguantar más años como sede de Urbanismo?

—Tengo un cubo en mi despacho para recoger las goteras que hay cuando llueve. Puedes tapar una gotera, pero te sale otra por otro sitio porque son caracolas provisionales anteriores al año 92. Desde entonces ha llovido mucho y están muy deterioradas. Su situación es insostenible. Es difícil que aguanten tres o cuatro años más. Basta ir a cualquier caracola para ver que no reúne las mínimas condiciones. La imagen que da Urbanismo no es precisamente un ejemplo de lo que debe ser una Administración: austera y funcional, pero no precaria y paupérrima.

—¿Ha accedido Agesa a pagar al Ayuntamiento los tres millones de euros que le debe por las recalificaciones que recibió en la Cartuja?

—A raíz de la denuncia de ABC, abrimos expediente. Tras un análisis previo, hemos visto que Agesa incumplió el acuerdo, por lo que hemos iniciado el expediente para exigir legalmente a Agesa las cantidades que adeuda y los perjuicios causados.

—Si no paga Agesa, ¿está dispuesto a ir a los tribunales o incluso retirarles la edificabilidad ganada?

—Sí. Aunque primero iremos por la vía amistosa.

—El Ayuntamiento tiene 22.000 metros cuadrados en la Fábrica de Artillería y no sabe qué hacer con ellos.

—Nos planteamos llevar oficinas municipales a esa fábrica porque sería más barato que la construcción de nuevos edificios. No sería descartable que fuera allí Urbanismo porque está bien comunicada, tendría posibilidades de tener aparcamientos...

—¿Podría haber acogido la biblioteca central que la Universidad comenzó a construir en el Prado?

—(Risas). La biblioteca es un proyecto arquitectónico de calidad que hubiera tenido magníficas ubicaciones en Sevilla, pero lo que no se puede hacer es actuar con soberbia y prepotencia, ignorando las normas porque después viene un juez y te dice que lo que estás haciendo no se corresponde con las leyes y el interés ciudadano. Si se hubiera escuchado a todas las partes, posiblemente hoy tendríamos la bilblioteca en un sitio tan bueno o mejor que ese.

—El rector, Joaquín Luque, mantiene que la sentencia no dice que haya que demoler.

—La sentencia no dice expresamente que sea necesario demoler, pero dice que es ilegal y la consecuencia lógica es que hay que derribar.

—El rector pide que al menos se le deje el parking subterráneo de la biblioteca.

—Si los vecinos llegan a un acuerdo con la Universidad y ese acuerdo no implica pérdida de zona verde, nosotros no tenemos nada que objetar.

—El consejero de Justicia está dispuesto a hacer la Ciudad de la Justicia donde diga el Ayuntamiento.

—Si la Junta tiene las competencias y Sevilla necesita una Ciudad de la Justicia, pues que la hagan pero que no busquen excusas para no hacerla. Lo que están haciendo la Junta es marear la perdiz para no cumplir con su obligación. No existe ninguna justificación para que Sevilla no tenga ninguna Ciudad de la Justicia, un servicio esencial para la capital de Andalucía. Basta ver qué instalaciones judiciales tienen otras provincias andaluzas para darse cuenta de que Sevilla está en segunda regional.

—Menacho acusa a Zoido de no haberle pedido una reunión aún.

—Eso es falso... es que mienten. Zoido ha hecho de la Ciudad de la Justicia una de sus banderas y lleva pidiendo reuniones a la Junta desde que es candidato en su primera legislatura.

—En cuanto a las «setas», ¿pagará finalmente el Ayuntamiento 455.000 euros a la concesionaria para que los sevillanos suban a Metropol?

—No es asumible que Monteseirín dijera que los sevillanos pueden subir gratis, cuando realmente le cuesta al Ayuntamiento 455.000 euros. Nos hemos negado a pagar esa cantidad y estamos tratando de ver qué compensación puede recibir Sacyr a cambio de no darle ese dinero. La solución podría ser que Sacyr suba el tíquet por subir a los foráneos para que los sevillanos no tengan que pagar nada.

—El Supremo ha dicho que la subasta de terrenos de Tablada fue legal. ¿Qué planes tiene Urbanismo para esos suelos?

—El tema de Tablada no está sobre la mesa. Nuestra preocupación ahora es que Sevilla funcione y Sevilla puede funcionar perfectamente sin entrar en el tema de Tablada.

—¿Qué queda de los 300 millones que los empresarios adelantaron a Urbanismo a cuenta de futuros desarrollos urbanísticos?

—¡Ojalá quedara un 25% de esos 300 millones! Cuando los empresarios nos exijan el dinero tendremos que explicar que no lo tenemos porque PSOE e IU lo gastaron en las «setas», los carriles bicis y la reurbanización de la Alameda.