Sevilla- Pese a todo, la Torre Pelli va ganado terreno en el cielo de Sevilla ante la Giralda. Cada día que pasa, los operarios se afanan por levantar una nueva planta mientras en los despachos, en los medios de comunicación y en la calle, el rascacielos diseñado por el arquitecto César Pelli para Cajasol es el centro de la polémica. Se trata de 180 metros y 40 plantas que convertirán al edificio en el primer rascacielos que tendrá la ciudad y en el germen de una nueva división entre los ciudadanos por desavenenencias arquitectónicas. La dualidad es una de las principales características de esta ciudad sin término medio. O se está en contra o a favor, una falta de tibieza que tampoco ha habido en cuanto al Metropol Parasol. Tampoco la hubo tras la Exposición Iberomaericana de 1929, cuando se propuso demoler la Plaza de España, obra genial y paradigmática de Aníbal González. Los trabajos están ya al  57% y se trabaja en las plantas 20 y 21, por lo que la estructura ya se acerca a los 97,5 metros de la Giralda, aunque ésta aún mantiene su distancia por el Giraldillo.

Más allá del debate popular sobre la idoneidad de la construcción, hay un transfondo político y legal que supera las conjeturas a pie de obra. Tras la visita de los miembros de Icomos y su posterior informe, quedó claro que la consideración de la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias como bienes Patrimonio de la Humanidad está en peligro. En junio, la Unesco tendrá que dar una respuesta a esta interrogante mientras el Gobierno municipal se reconoce incapaz de parar unas obras que el propio Zoido criticó durante su estancia en la oposición. La única traba real que ha conocido el proyecto de Cajasol hasta el momento ha sido la multa de 140.000 euros que le ha impuesto el Ministerio de Fomento por invadir sin su autorización el espacio aéreo, que ha sido recurrido por la entidad.

La plataforma Túmbala continúa con sus movilizaciones tanto en las calles como en las salas de los juzgados. De hecho, este colectivo ha recurrido las dos licencias de obras otorgadas al proyecto hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Mientras, recuerdan que la torre cuenta con varios informes contrarios elaborados por técnicos muncipales, que incluso señalan que no se podía conceder la licencia sin estar aprobado antes el proyecto de reurbanización, como ha sucedido en esta ocasión. También añaden la existencia de otros dos de la Consejería de Obras Públicas que han sido presentados ante la Fiscalía debido a una presunta vulneración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Puerto Triana, lugar donde se ubica el rascacielos.

Ajenos a todos estos debates, los albañiles siguen levantádolo, pese a que «Cajasol se encuentre en un momento muy delicado y tenga previsto despedir a casi 1.500 trabajadores», apunta Joaquín Egea, presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía, quien concreta que «no hay voluntad política por parte de nadie de parar las obras porque hay muchos intereses creados». En un ámbito municipal, el principal escollo lo tiene el propio Zoido, ya que en el caso de que se dictara una paralización de los trabajos, tendría que hacer frente a una indemnización de 250 millones de euros. Una cantidad que no se puede afrontar en la actualidad en la Casa Grande. Ante este panorama, como se puede apreciar en la fotografía de Manuel Olmedo, la plataforma Túmbala se pregunta «cómo es posible que ante una evidencia como ésta, ninguna institución haya decidido coger el toro por los cuernos y frenar el proyecto», comenta su portavoz, Ventura Galera.